El agua tapó la ley y los controles

Tres meses después y con dos elecciones en medio, la catástrofe hídrica que sufrió la cuenca noroeste de la provincia y que tuvo epicentro en las localidades de San Luis del Palmar y Santa Ana volvió al tapete con un insólito cariz polémico a raíz de una medida que tomó la Municipalidad de Corrientes a través de la cual suspendió todos los proyectos de urbanización que comprendan barrios privados en zonas presuntamente inundables. En otras palabras, no habilitarán obras de construcción en áreas de riesgo hasta que se elabore un Plan Hídrico Integral. La disposición abarca a todo el ejido de la ciudad de Corrientes, y puntualmente al área vecina a Santa Ana, donde proliferó un fabuloso negocio inmobiliario. Lo llamativo es que esta decisión generó un contrapunto con el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) que, por vía de una refutación a la resolución municipal, reconoció que ninguno de los emprendimientos cumple con la legislación vigente. Acaso esto explica por qué tantos chalets y mansiones, además de viviendas ordinarias, se inundaron.

Puede que la medida adoptada por la Intendencia capitalina sea tachada de exagerada, sin embargo hay que reconocer en la disposición un gesto de sana preocupación en busca de evitar que se profundice el drama. Es verdad que llega tarde, pero mejor ahora que nunca. Aprender de los errores y tratar de paliar déficit que antes no fueron advertidos es una buena señal en la gestión pública. Por ello, resulta extraño la controversia que propició el Icaa al señalar -palabras más, palabras menos- que la suspensión de los proyectos de urbanización no tenía relevancia con el Plan Hídrico Integral pues ya existe uno. Si es así, en abril y mayo último no se notó. El agua se llevó puestos todos los planes. El disparador de la polémica fue el anuncio que dio la Secretaría de Coordinación General de la Municipalidad de Corrientes, sobre la Resolución Nº 1.696/2017 del Departamento Ejecutivo suspendiendo “la aprobación de toda urbanización y/o conjuntos inmobiliarios en toda la jurisdicción municipal: clubes de campo, countries, complejos recreativos-residenciales, barrios privados y cerrados”. La medida se sostendrá hasta la elaboración del Plan Hídrico Integral, para el manejo del agua en todo el territorio de la Ciudad. “Hay mucha gente interesada en los barrios cerrados, pero la zona aún no se terminó de sanear”, aseguró Irma Pacayut, titular del área. La funcionaria hizo referencia al desastre ocurrido hace unos meses cuando las aguas de las torrenciales lluvias no pudieron drenar porque construcciones privadas taparon los canales naturales de desagüe en Laguna Soto, Bejarano y Yecohá. Así Santa Ana quedó anegada. Consultado al respecto, el interventor del Icaa, Mario Rujana, consideró que la resolución municipal es inocua pues la legislación es clara sobre el procedimiento y las competencias. Hizo mención al Decreto Ley Nº 191/12; Ley provincial Nº 5.067 y Ley provincial Nº 5.405. “Ninguno de los barrios privados de la ciudad presentó certificado de no inundabilidad, el Municipio debería solicitar este certificado, pero no tiene disposición al respecto”, dijo el funcionario provincial y explicó que el Icaa es el único organismo competente que expide ese certificado. En declaraciones a la prensa, Rujana se quejó: “El Municipio no debería castigar a las empresas inmobiliarias, sino solicitar el requisito del certificado que hemos otorgado siempre”. En ese marco, reconoció que únicamente un barrio privado de Paso de la Patria cumple con todos los requisitos de la ley, ergo: los demás están en falta. Quizás el titular del Icaa no se dio cuenta, pero ha estado incumpliendo con su tarea. Conocedor del negocio inmobiliario ha dejado que se desarrolle sin obligarlos a respetar la ley.s