Los jubilados y sus haberes

Las normas que regulan los aumentos en los haberes jubilatorios comienzan a hacer efecto en los ingresos de los pasivos. Sancionada durante el gobierno anterior, la actual administración de Mauricio Macri sostuvo el mecanismo de incrementos (dos por año), y recientemente se anunció la suba correspondiente a esta parte del año.

Y si a esta situación se le agrega el lento (pero sostenido) descenso de la inflación, el poder adquisitivo de los jubilados comienza a crecer, en una recuperación que tiene más que ver con la restitución de derechos a un sector que siempre fue el despojado de recursos para financiar aventuras y desventuras oficiales, de todo tiempo. Es así que el proceso de desaceleración inflacionaria permitirá una mejora real de los haberes jubilatorios que ajustan por la Ley de Movilidad, pero al mismo tiempo estiman que generará un cargo adicional para las cuentas fiscales, de acuerdo a un informe de la consultora Ecolatina. “Se estima que la inflación acumulada entre marzo y septiembre llegaría a 10%, por lo que habrá una mejora real de los haberes que ajustan por movilidad”, planteó el trabajo en el que se resalta el reciente anuncio del Gobierno nacional del segundo aumento del año del 13,3% previsto por la Ley de Movilidad Jubilatoria. Ecolatina también planteó que “si se considera la suba anterior (12,96% en marzo), aquellos ingresos que ajustan por la Ley de Movilidad exhibirán una suba de 28% al cierre del año, lo que implicaría una ganancia en 2017 de casi 5% en términos reales si se toma la proyección de inflación esperada por el mercado de 22% anual a nivel nacional. “En contextos de marcada desaceleración de la inflación, el mecanismo de indexación tiende a elevar los gastos ajustados por dicha ley, dificultando la reducción del déficit fiscal”, planteó la consultora al señalar “una dinámica en que los gastos previsionales se mueven de acuerdo a la inflación pasada, mientras que el resto de las erogaciones de acuerdo a la nominalidad vigente”. Se deriva que por cada punto de desaceleración de la tasa anual de inflación se genera un aumento del déficit primario de 0,1 puntos porcentuales del PBI, producto del desfasaje de la Ley de Movilidad Jubilatoria. “En un contexto como el de este año donde se espera una baja de alrededor de 15 puntos de la inflación, ello generaría un cargo adicional de 1,5% del PBI para las cuentas fiscales”, reseñó el informe difundido ayer. En consecuencia, concluye que “la reducción del déficit fiscal prevista en el mediano plazo por el Gobierno exige un esfuerzo mayor en un contexto de desinflación: lograr que los gastos primarios crezcan en línea con la inflación cuando 45% del mismo lo hace por encima (por el rezago de la Ley de Movilidad Jubilatoria en un contexto de desaceleración del alza de precios), exige una reducción sostenida del 55% de las erogaciones primarias restantes”. Claro está que la realidad aún está lejos de concretar el ansiado cumplimiento del 82 por ciento móvil, eje de polémicas por el alcance de ese porcentaje simbólico de recepción de recursos por parte del sector pasivo. La política previsional comienza a atravesar un dilema relevante: desde el Gobierno se alzaron algunas voces para incrementar los años de trabajo, en un doble debate sobre el retiro y la capacidad laboral. En la antesala de esa cuestión (la que seguramente será sostenida el año que viene), la recuperación de los haberes representa una feliz realidad, aunque más no sea en una mínima parte.s