Un anabólico electoral

Se aproxima el tiempo de las urnas en Corrientes, se nota la cercanía porque el Gobierno provincial hizo lo que ya es costumbre en su larga gestión: abrió la caja de la Tesorería para inflar, de manera efectista, los haberes de los empleados públicos y de los jubilados. Se trata de un anabólico electoral y habrá de durar lo que dura -justamente- el proceso eleccionario. En los últimos cuatro meses del año, de septiembre a diciembre se volcarán 8.000 millones de pesos para atender la nómina salarial según las disposiciones que anunció ayer el Ministerio de Hacienda y Finanzas y que van desde un incremento del plus en negro, más un adicional de esa suma en negro, además del adelanto a septiembre de la cuota de aumento (blanqueo) prevista para octubre, entre otros beneficios a las asignaciones familiares y los residentes médicos. Como complemento dieron a conocer el cronograma de pagos, en todas sus variantes, desde septiembre hasta el aguinaldo y sueldo de diciembre. Para los empleados activos y pasivos del Estado provincial (unas 75 mil personas) el anuncio constituye una fiesta; sin embargo para el resto de los correntinos, cuya realización personal está enfocada hacia otro horizonte, es apenas un dato, mayormente inocuo. Aunque se trata de un hecho auspicioso, el gesto oficial no debe hacer perder de vista el fondo de la cuestión. Contar con un cronograma salarial a mediano plazo puede ser entendido como un reflejo de previsibilidad, eso es muy bueno, pero solamente sucede en los prolegómenos de cada elección gubernamental. Las mejoras salariales llegan, sin que se lo pidan, cuando se aproxima la hora de votar. Sería ingenuo pensar que se pueden comprar voluntades mediante este mecanismo, aunque a juzgar por el éxito continuado en las urnas de la administración radical que encabeza el mercedeño Horacio Ricardo Colombi, es posible que haya algo de certeza en esa especulación. Al menos, los antecedentes no demuestran que la estrategia de retocar los salarios sea refractaria a sus intereses políticos, más bien todo lo contrario.

Independientemente de esta cuestión, que alimenta un debate propio del clima electoral, como telón de fondo está la discusión importante y que tiene que ver con el manejo discrecional, casi antojadizo, que se hace de los recursos del Estado, que son de todos los correntinos. No son del Poder Ejecutivo ni de la oposición que pretende alcanzar ese sitial, ni siquiera son de los empleados públicos o de los jubilados, sino de todos los ciudadanos de la provincia. ¿Quién decidió y por qué volcar en los últimos cuatro meses del año la friolera de 8.000 millones de pesos en salarios? En todo caso, ¿por qué no se concretó antes esa mejora? ¿Cuál es el fundamento de completar tres trimestres a raya y generar un dispendio en el final del ejercicio? Ni desde lo económico ni desde lo financiero hay razones objetivas que expliquen la oportunidad de la inversión. Poco y nada ha cambiado el escenario fiscal y puntualmente el flujo de fondos que llega desde el Estado central, que es el principal sostén del presupuesto correntino, para dar impulso a este esquema salarial. Desde la oposición malician que estuvieron guardando para el momento adecuado, sometiendo a los empleados públicos a un padecimiento que pudo haberse subsanado mucho antes. ¿Será realmente así? Lo que queda en claro es que los gremios no erraron cuando sostenían que la Provincia estaba en condiciones de mejorar salarios. La forma en que se concreta el beneficio salarial es otro tema de discusión. No hay incremento real ni siquiera blanqueo, sube el plus en negro y dan otra cuota también en negro, que se liquidará por separado. Los estatales tendrán que visitar muchas veces los cajeros automáticos, parece que ésa es la idea. Estirar al máximo la sensación de bienestar, por lo menos hasta las urnas.s