Ordenaron la recaptura de un imputado involucrado en una causa de narcotráfico

La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto la excarcelación de un hombre al que se le encontró más de 700 kilogramos de marihuana en su casa, y que luego fue vinculado a la causa de narcotráfico que derivó en el Operativo Sapukay. En el mismo fallo el Tribunal Nacional resolvió apartar de la causa a dos jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes que habían confirmado la liberación del sospechoso, en un fallo que dejó sin efecto la resolución de un juez federal de primera instancia que había ordenado que se lo mantenga privado de libertad. La resolución está relacionada con la causa 3.997/2016, en la que se imputó a Jorge Eduardo Espinoza, alias “Chaquito”, quien había estado detenido seis meses por el delito de “facilitación de lugar para llevar a cabo el delito de narcotráfico”, debido a que en su casa incautaron una camioneta cargada con marihuana. El sospechoso además fue testigo del homicidio de Miguel Ángel Zalazar, de 23 años, quien había recibido un disparo en la cara a manos de Eduardo Zacarías Brítez, alias “Bebecho”, un supuesto cómplice en las operatorias de tráfico de drogas. Es este caso de homicidio el que derivó en la detención de Espinoza y el hallazgo de la droga. El asesinato de Miguel Ángel Zalazar, de 23 años, ocurrió el 7 de julio de 2016, mientras trabajaba en un lavadero de autos. En un primer momento se barajó la hipótesis de un ajuste de cuentas entre bandas por cuestiones relacionadas al narcotráfico, pero luego se estableció que el arma se habría accionado en forma accidental. En el marco de la pesquisa del homicidio, la Policía provincial allanó el domicilio de Espinoza, a quien se lo había visto en la escena del crimen junto a Eduardo Zacarías “Bebecho” Brítez, ubicado en el barrio Ibiray de la localidad correntina de Itatí. El lugar estaba deshabitado, pero en el garaje hallaron una camioneta Renault Sandero con 749 kilogramos de marihuana repartidos en 29 bultos, y una balanza. Al otro día de ese hallazgo, “Chaquito” Espinoza quedó detenido tras presentarse voluntariamente en la Delegación Corrientes de la Policía Federal. En su descargo, este imputado sostuvo que le había entregado la llave de su vivienda a Brítez para que en su ausencia éste controlara a unos albañiles que trabajaban en el lugar y para alimentar a los animales. Buscó responsabilizar por el cargamento a su consorte de causa, pero esto no fue considerado por el titular del Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, quien el 20 de septiembre de 2016 lo procesó con prisión preventiva en orden al delito de facilitación de un lugar para llevar a cabo tráfico de estupefacientes. Tal decisión fue objetada por la defensa de Espinoza. Habían expuesto que éste carecía de responsabilidad en relación a la existencia del estupefaciente en el inmueble, y pidió la liberación del sospechoso. La queja presentada en la Cámara de Apelaciones de Corrientes fue resuelta el 27 de diciembre de 2016. Los jueces del tribunal de alzada resolvieron por voto disponer la excarcelación del imputado bajo caución personal. Entre otras medidas ordenaron que se le prohíba salir del país y se le confisque el Documento Nacional de Identidad. Esta decisión recibió la crítica del fiscal general Carlos Schaefer, quien presentó una queja a un tribunal nacional. En su escrito, el representante del Ministerio Público Fiscal fue crítico a la decisión del tribunal correntino. Sostuvo que “la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, en mayoría, al conceder la excarcelación al imputado Espinoza y posteriormente denegado el recurso de Casación interpuesto, ha efectuado una interpretación arbitraria y contradictoria del criterio sustentado por la Cámara Federal de Casación Penal, en lo que respecta al instituto de la excarcelación y sobre la concesión de este tipo de recurso, lo que descalifica la decisión adoptada”. Destacó que “la resolución que deniega el recurso de casación causa también un gravamen irreparable por ser imposible su reparación ulterior, al decidir en instancia única, vedando la posibilidad de ser revisado por un superior y arrogándose facultades casatorias, siendo dicho accionar un exceso de su jurisdicción, que bajo el argumento de limitar al Fiscal la facultad de recurrir, consagraría un juicio de peligrosidad futura, toda vez que el Ministerio Público Fiscal no tendría instancia de revisión alguna”, todo lo cual afectaría la garantía constitucional de debido proceso y a la doble instancia judicial. Sostuvo también que “más allá de la gravedad del hecho investigado, donde Espinoza está procesado por facilitar el lugar para llevar a cabo el delito de tráfico, el mismo no cuenta con caudal económico suficiente para adquirir semejante cantidad (de droga)”.