Correntinos también se movilizaron por la prórroga de la Emergencia Territorial

Guaraníes y campesinos de Corrientes participaron de la masiva convocatoria en el Congreso de la Nación para exigir la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, el pasado miércoles. Las comunidades originarias de la provincia vienen exigiendo hace años que se cumpla con el relevamiento de los territorios que reivindican como ancestrales, y en varios casos están en disputa con grandes terratenientes y negociados que acaparan grandes extensiones de tierra. La bandera de la Federación Campesina Guaraní de Corrientes, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, estuvo presente en las jornadas que se vivieron en el acampe frente al Congreso Nacional. Allí se congregaron los pueblos originarios de cada rincón del país que exigen que se releven sus territorios, se respeten sus derechos como pueblos preexistentes al Estado, y se terminen las represiones y los desalojos. La prórroga por cuatro años de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (Ley 26.160) obtuvo media sanción el miércoles 27 en el Senado de la Nación. Ahora deberá ser tratada y aprobada en la Cámara de Diputados para que sea efectiva, el 4 de octubre. Los pueblos indígenas de todo el país instalaron un acampe en la Plaza de los Dos Congresos, desde el sábado, para exigir a los legisladores la aprobación de la prórroga. Miriam Sotelo, originaria guaraní en representación de las comunidades de Corrientes, tomó la palabra en el Congreso, junto a representes de otros pueblos indígenas, y remarcó la responsabilidad del Estado en el incumplimiento de la ley, a poco tiempo del vencimiento del período establecido para realizar los relevamientos territoriales. En el caso de la provincia, ninguna comunidad fue relevada y el reclamo lleva tres años. Además, como miembro del Consejo Provincial Indígena ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), señaló que los recursos están, pero siempre faltó la voluntad política, por lo que han postergado los relevamientos varias veces. “La tierra va a seguir siendo nuestra, aunque exista o no exista una ley”, afirmó Sotelo, integrante de la Comunidad Jahaveré, en conflicto con grandes terratenientes hace más de 12 años en los Esteros del Iberá. Las comunidades originarias se reunieron previamente con la Defensoría General de la Nación, la cual apoya el reclamo de las comunidades del Iberá para que se respete su derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado en todos los proyectos que afectan su territorio, como es el caso del Parque Iberá. Se presentaron con apoyo de la Defensoría, tres cartas en el Senado Nacional (en cada una de las comisiones donde se está tratando el proyecto de parque). En las mismas se deja constancia de que no se debería avanzar sin garantizar la participación de las comunidades del Iugar. También en el Iberá, recientemente Hacienda San Eugenio (Ex Forestal Andina) donó un camino al Gobierno Provincial, pero sólo para acceso a la estancia y a beneficio de los negocios turísticos. Sin embargo, no resuelve el acceso a Jahaveré, que continúa aislado y con los caminos cerrados. Más allá de la media sanción de la prórroga de la Ley 26.160, la directora del Inai se comprometió a avanzar con la entrega de las carpetas técnicas a las comunidades ya relevadas, y a realizar lo antes posible el relevamiento de los territorios en conflicto que aún no se censaron. Respecto a esto se dialogó en particular sobre la situación de las comunidades en Iberá, que están en conflicto con la fundación de Douglas Tompkins, por el proyecto de creación del parque nacional. También puso el compromiso en apoyar a los servicios jurídicos de las comunidades para que puedan defender sus derechos. Jimena Psathakis, titular del Inai, acordó tratar estos temas y dar respuestas en dos semanas, así como prometió mejorar el desempeño del Instituto en el apoyo a las comunidades.s