Juzgarán a juez de Faltas que levantó clausura a prostíbulo
En el 2011, el local nocturno El Delfín fue cerrado luego de que rescataran a dos mujeres. El ex magistrado suspendió la sanción en 24 horas.
Un juez de Faltas pampeano será sometido a juicio oral acusado de haber levantado en tiempo récord y sin el menor recaudo legal la clausura preventiva de un prostíbulo tras un allanamiento en el que se había constatado la presencia de mujeres que eran explotadas sexualmente, informaron ayer fuentes judiciales. Se trata del magistrado Sebastián Sancho, de 40 años, de la Municipalidad de General Acha, quien será juzgado por el delito de violación de los deberes de funcionario público ante el Juzgado Federal de Santa Rosa. Fuentes judiciales informaron a Télam que a pedido de la fiscal federal Adriana Zapico, también serán sometidos a juicio la presunta dueña del prostíbulo, identificada como Marta Arminda Silva, de 45 años, y su hijo Carlos Raúl Silva, de 25; ambos imputados de trata de personas con fines de explotación sexual. La causa se inició el 8 de noviembre de 2011 luego de un allanamiento y clausura del local nocturno El Delfín, ubicado en el kilómetro 27,5 de la Ruta Provincial 152, en General Acha, unos 100 kilómetros al sudoeste de Santa Rosa, La Pampa. De acuerdo con las fuentes, en esa oportunidad se constató la presencia de dos mujeres, una de nacionalidad paraguaya y la otra argentina; aunque a través de otros hechos se determinó que también había, al menos, cuatro más oriundas de la provincia de Misiones. Además, durante el procedimiento se encontraron preservativos, libretas sanitarias y una habitación aledaña a la que se podía ingresar a través de una puerta de reja y que tenía un colchón en el suelo y un recipiente con profilácticos usados. La primera fiscal que tuvo la causa, Marta Odasso, dispuso la clausura del local pero el entonces juez Sancho levantó esa medida por entender que no se había cometido falta alguna. Esa actuación resultó abusiva, al dictar una resolución carente de todo tipo de fundamentación por la que (el acusado) levantó una clausura en tiempo récord en menos de 24 horas, sin el mínimo recaudo legal, y que había sido ordenada por una funcionaria judicial en el marco de sus atribuciones.s