Organizaciones plantean un plan de ordenamiento territorial en Corrientes

Un grupo de organizaciones sociales presentó ayer el documento “Consenso hacia la construcción de un hábitat digno en Corrientes” con el que impulsan la elaboración de políticas públicas que atiendan la problemática del hábitat urbano y rural. En una conferencia de prensa brindada ayer en la sede de Cáritas, referentes de las organizaciones realizaron un análisis de la situación actual con respecto al ordenamiento territorial, el medio ambiente y el acceso a la vivienda digna. El documento será entregado a los candidatos a gobernador que competirán el próximo domingo con la expectativa de que la problemática sea tomada en cuenta y llevada a cabo como política pública. Señalaron que el documento parte de la necesidad de generar un plan de ordenamiento territorial que tenga como premisas centrales la protección de los recursos naturales de la provincia, el fomento de prácticas productivas que respeten el ambiente y el impulso de programas de arraigo para familias campesinas que contemplen su acceso a la tierra y a planes de promoción productiva, en especial en zonas de reserva o áreas protegidas, respetando la identidad cultural y el modo de vida de esas comunidades. En la cuestión ambiental propone el apoyo a modelos productivos sustentables y agroecológicos, adecuación de normas sobre uso de agroquímicos y aliento a la producción local de alimentos, fortaleciendo de esta manera la soberanía alimentaria provincial. También generar políticas de abastecimiento de agua que permitan garantizar el acceso al líquido esencial para la vida limitando su uso indiscriminado para fines económicos y priorizando su función social, y garantizar la calidad del agua superficial y subterránea evitando su contaminación. En cuanto a los asentamientos informales, se propone su urbanización con una mirada socio-urbana, contemplando la participación activa de los habitantes de estos territorios. Esta urbanización no podrá incluir desalojos forzosos ni relocalizaciones fuera del barrio. De acuerdo a datos brindados por la organización Techo, en la provincia hay 109 asentamientos informales, 61 de ellos en el área metropolitana. En esas zonas habitan 12.848 familias formadas por 59.100 personas. “La problemática de los asentamientos debe ser abordada como una prioridad”, señaló el integrante de Techo, Carlos Durán López, quien resaltó la necesidad de la urbanización en esas zonas de alta vulnerabilidad. “Los asentamientos deben estar integrados urbanística y socialmente”, dijo. Y agregó: “No sólo responden a la falta de vivienda y de infraestructura sino también a un tema de exclusión económica y cultural dentro de las ciudades. La urbanización implica garantizar el derecho a una seguridad democrática y al acceso a la Justicia y deberá ser sustentable en el tiempo y asegurar la cuestión ambiental”. Sobre el acceso a la vivienda digna, en cumplimiento al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece la vivienda como derecho social y el acceso de todas las familias que no califiquen para los créditos hipotecarios, se propone entre otros puntos declarar la emergencia habitacional a nivel provincial y crear un sistema integral de producción del hábitat, para hacer efectivo este derecho, potenciando la participación de los destinatarios en el proceso de gestión y ejecución de las soluciones habitacionales. “Hay alrededor de 90 mil familias que no tienen vivienda propia en la provincia. Nuestra propuesta es que se fortalezca el financiamiento, tanto con fondos nacionales como provinciales, para seguir desarrollando los programas que están vigentes y otros que puedan ir surgiendo”, señaló el delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico). “Proponemos que el Fondo Sojero sea utilizado como dice la ley, para viviendas, infraestructura básica, hospitales y escuelas, y no como ahora que se utiliza para arreglar clubes privados y pavimento en el centro”, agregó. Respecto de la problemática de los alquileres, se promueve la generación de regulaciones que permitan una relación más equitativa entre inquilinos y actores inmobiliarios, para lo cual se propone la creación de la Defensoría de los Derechos de los Inquilinos y una ley provincial que regule el mercado inmobiliario. “Contamos con más de 60 mil inquilinos en toda la provincia. Estamos impulsando una ley para que podamos tener una regulación por parte del Estado en toda la provincia y también la creación de la Defensoría de los derechos de los inquilinos para que en cada localidad que lo necesite, puedan contar con un organismo que defienda sus derechos”, señaló la presidenta de la Asociación de Inquilinos, Vanesa Falcón.

entidades sociales

“Hábitat Corrientes” es un colectivo de organizaciones y actores sociales con compromiso en la temática del hábitat digno. Tiene como fin generar consenso a partir de experiencias y saberes sobre cómo abordar las problemáticas de acceso a la tierra, urbana y rural, el cuidado del medio ambiente y la producción sustentable, la producción social del hábitat y acceso a la vivienda, desde una posición propositiva y fomentando la participación de todos los actores de la sociedad, en sintonía con el lema “Techo, tierra y trabajo”.s