La Cámara ordenó que se disponga el desafuero y la detención de Julio De Vido

La Sala II de la Cámara Federal ordenó que se disponga la detención, previo desafuero, del diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en la causa por malversación de fondos en la mina Río Turbio. Así se lo ordenó la Cámara al juez de primera instancia Luis Rodríguez, que lo había rechazado inicialmente, al evaluar que De Vido es actualmente diputado, preside la Comisión de Energía en la Cámara baja y es “portador de un rol preponderante en los hechos concretos aquí investigados”. El camarista Martín Irurzun, quien encabezó el voto de la Cámara, dijo que correspondía la “inmediata formalización” del pedido de desafuero ante la Cámara de Diputados de la Nación para luego cumplir con la orden de detención de De Vido. “Su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación”, sostuvo Irurzun, cuyo voto fue compartido por Leopoldo Bruglia. “Sin que lo expuesto implique abrir juicio alguno sobre su acierto o sobre la eventual responsabilidad del nombrado en las maniobras y sin perjuicio de cuanto defina el juez en ocasión de resolver su situación procesal, la totalidad de las circunstancias analizadas permiten concluir que se verifican en derredor de De Vido indicios de entidad suficiente como para presumir que su libertad constituye un riesgo para el proceso en curso”, dijo el camarista. Ambos coincidieron en que estando en libertad De Vido existían “serios riegos de obstrucción de la investigación”, y señalaron que no alcanza lo ya ordenado por el juez respecto a la prohibición de salida del país ni la obligación de comparecer ante el Tribunal periódicamente. En ese sentido, Irurzun dijo que la gerencia de Río Turbio sobre la base de un informe de auditoría le fue dificultoso obtener la documentación solicitada por la Justicia e incluso no se han podido conseguir los originales. Incluso, el fiscal Germán Moldes -citó la Cámara- informó que “se habrían destruido expedientes vinculados a las obras que componen el complejo minero Río Turbio”. En la causa se investiga malversación de fondos públicos para distintas obras en Río Turbio en orden a los 26.000 millones de pesos entre los años 2006 y 2016, y se calcula que hubo un desvío de 265 millones hacia otros fines, además de los previstos.s