Los votos manchados

El domingo los correntinos tienen una nueva cita con las urnas, la cuarta -y última- del año. Esta vez será para dirimir quiénes representarán a la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación y lo curioso es que a menos de 48 horas de las elecciones aún no terminó de resolverse la competencia anterior, de orden provincial, que se realizó hace dos semanas y que plantó otro mojón de sospecha en la historia electoral de Corrientes. Por el momento no hablan de fraude, pero las referencias son alusivas. Se discute sobre la asignación de una banca -la número 15- en la Cámara baja de la Legislatura, producto de errores que se detectaron en la carga de votos en el Centro de Cómputos y le tocará al Superior Tribunal de Justicia determinar si hubo irregularidades.

La definición es clave pues está en juego una banca que podría acercar a ECO+Cambiemos a los dos tercios de Diputados. Si lo consigue quedaría a un paso de la mayoría calificada, no es un detalle menor. Por eso, los apoderados del Partido Justicialista están dando batalla para no ceder un escaño que consideran les fue escamoteado mediante distintos subterfugios en el escrutinio, contrariando la voluntad popular. En las instancias preliminares, la Junta Electoral provincial que comanda el cuestionado juez Gustavo Sánchez Mariño y la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral, que integran tres magistradas que pocas veces opinan en contra del Gobierno, ya le dieron la razón al oficialismo. Ahora sólo queda el Superior Tribunal que previo a las urnas emitió solamente fallos favorables a la pretensión de 25 de Mayo y Salta. En el alto cuerpo judicial, dos magistrados tenían parientes directos (una esposa y un hermano) en la lista de candidatos a legisladores de ECO+Cambiemos y aunque constituía un severo condicionamiento ético, ninguno se apartó del sillón para resolver las demandas que iban en contra de los intereses de la alianza política que integran sus familiares. Esos mismos jueces atenderán ahora la denuncia del PJ sobre anormalidades en la carga de votos. ¿Se puede esperar un fallo distinto? En su presentación ante el Superior Tribunal, los apoderados del peronismo advierten sobre “la gravedad institucional que representa la situación, que excede el interés individual de los partidos políticos; pues afecta al sistema electoral y el modo de elección directa de los ciudadanos”. Piden una medida cautelar de no innovar para que la Junta Electoral Provincial se abstenga de proclamar a los electos hasta tanto se resuelvan los planteos. La denuncia tiene pruebas: la mesa Nº1.358 de Lavalle; la mesa Nº 1.695 de Monte Caseros; la mesa Nº 2.245 de Colonia Liebig; la mesa Nº 63 de Capital; la mesa Nº 1.814 de Bella Vista; la mesa Nº 1.506 de Gobernador Virasoro; la mesa Nº 2.066 de La Cruz. Sostiene que en el conjunto, el Partido Justicialista perdió 12 mil votos en el rubro Gobernador, 28 mil votos en Senadores y 23 mil votos en Diputados. El reclamo parece atendible, sobre todo porque hay fundamentos a la vista que alientan las sospechas. Sin embargo, no es el primera vez que Corrientes impone autoridades y representantes en medio de un proceso tachado por fraudulento. Hay bastantes antecedentes en la materia, el más cercano se inscribió en los comicios municipales del 4 de junio, cuyo resultado quedó en las sombras por el estrafalario manejo de los padrones. Y uno de los más lejanos se anotó en las gubernativas de 2001 cuando el Partido Nuevo perdió en una escandalosa elección. Como si esto fuera poco, en las últimas horas el intendente capitalino Fabián Ríos hizo explotar una bomba informativa: el juez Sánchez Mariño, presidente de la Junta Electoral Provincial, está concursando para camarista federal y uno de los examinadores es Gustavo Valdés, el ganador de las elecciones que Sánchez Mariño debía controlar. s