Propietario de un predio usurpado planteó su reclamo al Gobierno

La ocupación de los terrenos lindantes con el barrio 17 de Agosto comenzó el fin de semana del 4 de agosto en medio de un jaleo de los usurpadores con los vecinos que, pese a la resistencia, no lograron detener la invasión. La Policía llegó tarde y la Justicia también. Dos meses después el asentamiento cobró forma con carpas de plástico y madera, mientras se sustanciaba una causa judicial que, a la luz de los antecedentes, llevará bastante tiempo, quizás por eso fue que emergió a la luz pública el dueño del predio, Tsukamoto Masumi, un ciudadano japonés que lleva más de 30 años en Corrientes y que -como es lógico- aspira a recuperar su propiedad. Eligió el Gobierno para plantear su reclamo. El legítimo interés del dueño colisiona con el registro nulo de recuperación de terrenos por vía del acuerdo. Desde julio de 2012, cuando se produjo la usurpación masiva en el barrio Pirayuí hasta la fecha, no hubo ninguna solución por vía judicial o extra judicial. Los terrenos siguen tomados, en el barrios Quilmes (donde hay dos predios ocupados), Patono, San Roque, Nuevo y ahora en el 17 de Agosto. La última ocupación se concretó el 4 y el 5 de agosto, cuando unas 80 familias se asentaron en un predio ubicado entre Paul Groussac y Milán. Es la propiedad de Tsukamoto Masumi, un comerciante del rubro verdulería. Ayer el hombre, acompañado por su mujer y el abogado que los patrocina, llegaron hasta el Ministerio de Seguridad y fueron recibidos por el ministro, Horacio Ortega. “Venimos a buscar una solución, llegar a un acuerdo o que el lugar sea desalojado”, dijo el dueño de las tierras en contacto con este diario, y explicó que cuenta con todos los papeles que indican que es titular del terreno desde hace 25 años. “Es un lugar que consta de un poco más de una hectárea”, explicó el hombre a NORTE de Corrientes, y destacó que si bien desde el primer momento intentó impedir la invasión y llegar a un acuerdo, las conversaciones no tuvieron éxito. “Pedimos, que el ministro intervenga con la judicial para que avance el desalojo”, dijo el abogado de la familia, Rubén Leiva. Tras el encuentro el ministro de Seguridad, destacó: “Entendemos la situación de la familia, pero se trata de un caso que está en la esfera judicial y nosotros no tenemos injerencia”, explicó el funcionario. Actualmente, el caso de la toma se encuentro en la fiscalía correccional Nº 2, a cargo de la fiscal María Andrea González, quien también tiene a su cargo las tomas de los barrio Pirayuí, Galván, Patono y Quilmes. Según refirió, desde el martes y durante todo el mes de octubre los imputados deben comparecer en la fiscalía, según los datos a los que pudo acceder este diario, en las primeras jornadas quienes debían presentarse no lo hicieron. Así, el caso queda en el mismo lugar en el que se encuentra la causa del barrio Galván, donde desde hace más de dos años se espera que la totalidad de los imputados se presenten a prestar declaración. Lo concreto es que la familia Tsukamoto espera respuestas para poder disponer de su predio. s