Caso Grim: “Los chicos son inocentes porque todas las pruebas son falsas”

—¿Por qué papá no vuelve a casa? —Papá no vuelve a casa porque está trabajando; está haciendo un curso. Ese diálogo se repite con frecuencia en las familias de Ricardo Alberto Ramírez y José Ricardo Romero. “Ya no sé qué más decirle a mis hijos cuando me preguntan: ‘¡¿y mi papá, y mi papá?!’”, dice Soledad, la esposa de Romero. Soledad está junto a Virginia, Rosaura y Daniela, tres hermanas de Ramírez (y Zulma, la hija de Virginia). Son cuatro mujeres que dicen a NORTE de Corrientes que están convencidas de la inocencia de estos hombres, hasta hace un año policías. Los cabos primeros Ramírez y Romero están presos en la Unidad Penal Nº 6, junto a otro agente, José Abel Aguirre (alojado en la Comisaría 20ª), y serán enjuiciados como partícipes de una violación denunciada (el 12 de agosto de 2016) por el joven G.A.K.: la causa ya está en poder del Tribunal Oral Penal Nº 2 y espera fecha (lo más probable en 2018). “No permitieron que ellos se defiendan”, dice Virginia. La jueza María Josefina González Cabañas es -para las cuatro mujeres- responsable de haber impedido que Ramírez, Romero y Aguirre ejerzan el derecho constitucional de defensa y vulneró el principio de inocencia que rige el sistema acusatorio argentino. “Nuestro primer abogado -dice Virginia-, el doctor Juan Carlos Bouchard, renunció porque no podía defenderlo: no le aceptaron una prueba, ni lo notificaban; sentía que si seguía en una causa así estaba manchando su reputación como abogado, que había conseguido con años de estudio, de quemarse las pestañas leyendo”. En diciembre pasado, Bouchard había logrado el sobreseimiento de otros dos efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (Grim), que junto los ya nombrados estaban involucrados en el caso: Leandro Blanco y Alejandro Morales. Ambos estaban imputados por el delito de omisión funcional. “Ellos siguen apartados de la Policía y, aunque libres, todavía son señalados con el dedo: no pueden llevar a sus hijos a la escuela”, dice Zulma.

“nunca pasӔ

El argumento que esgrimen Virginia, Rosaura, Daniela, Zulma y Soledad radica en el tiempo. “Cuando le tomaron declaración, él (por G.A.K.) dice que el abuso sexual fue entre las 7.30 y las 8. Eso no puede de ser verdad porque los chicos terminan su turno y se retiran a las 7, entrando la guardia seis menos cuarto. Todo lo que nosotras estamos diciendo está en el expediente: no hubo violación, nunca pasó”, dice Virginia. G.A.K. fue detenido en la mañana del 7 de agosto en la calle Uruguay entre Rolón y Sargento Cabral. “A las 5.55 -dice Virginia- lo retiran del boliche ‘Facu Peña’ porque estuvo haciendo disturbios, rompiendo lo que encontraba, estaba en un estado avanzado de ebriedad y los dueños del ‘Facu Peña’ llaman a la Policía. Bajan los chicos del Grim 3, que está en el barrio Aldana, para retirarlo. Bajan, lo levantan y lo llevan a la Comisaría 4ª. Desde que ellos lo detienen ya comienza a insultar: ‘Ustedes no saben quién soy, yo tengo poder político acá en Corrientes’”. En el patio interno de la Comisaría 4ª estaba la base, allí llevaron a G.A.K., según consta en el libro de guardias. Allí lo violaron, según la investigación del fiscal Gustavo Alejandro Roubineau, supervisado por la jueza González Cabañas. “Le tomaron los datos -dice Virginia-, y él empezó a morderse los labios como para culparlos de un daño que no le hicieron. Se le hace el acta de detención, que está a cargo de una femenina, la agente Gómez Silvina, que es la que le toma los datos, y ahí lo llevan a Medicina Legal. Le atiende la doctora Alegre: 6 y 25 de la mañana; ella lo evalúa y lo único que detectaba fueron cortes en las muñecas, golpes en los costados, en el estómago y los labios lastimados, pero porque se los mordió. Ella en ningún momento ve signos de abuso: 6.25 fue eso. Ahí lo retiran, lo llevan a la Comisaría 4ª. A la semana va a denunciar que abusaron de él”. “Hay personas que tardan 10 años, 8 años para denunciar estos delitos, que son de un tipo delictivo muy particular. No hay un tiempo preciso para que sea antes o después, que tenga que ver con la gravedad del hecho”, había dicho la jueza González Cabañas en una entrevista radial el 18 de mayo pasado, 48 horas después de haber ordenado elevar la causa a juicio oral. Semanas antes había denegado el pedido de Romero de ampliar su declaración.