Un trago amargo

El proyecto de reforma tributaria que presentó el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, y que forma parte del plan integral diseñado por el presidente Mauricio Macri para lograr un país “más ordenado” y con “menor déficit” en procura de mejorar la competitividad y atraer inversores, comenzó a toparse con severos cuestionamientos de algunos sectores que avizoran un perjuicio con la propuesta del gobierno de Cambiemos. Llamativamente no son actores que viven de la intermediación o de la especulación financiera, que por primera vez tendrán que afrontar un gravamen, lo que salieron a criticar la propuesta de la Casa Rosada sino los productores vitivinícolas y los industriales de artículos electrónicos que resultarán afectados por el torniquete fiscal. Extrañamente la queja no vino de donde se podía esperar, sucede que la presión tributaria impactará en los que trabajan.

El boceto de la reforma, tal como lo planteó Hacienda encierra -a priori- un beneficio para las empresas, una obligación de estricta equidad para los operadores del mundo financiero y una carga para algunos sectores productivos. ¿Y los trabajadores? Salvo un guiño para los autónomos no hay señales contundentes para los asalariados. El régimen de Impuestos a las Ganancias se mantendrá sin cambios. En líneas generales, con el proyecto así como está diseñado, el Gobierno nacional busca compensar la reducción tributaria imponiendo nuevas cargas a otros sectores. Dicen que la aplicación será gradual, pero la gradualidad no alivia la presión en todo caso la dosifica. El hecho es que apenas se conoció el tenor de la reforma que impulsa Cambiemos aparecieron voces de disconformidad. La más firme resonó en Mendoza, paradójicamente un distrito gobernado por una aliado del radicalismo que tiene como principal actividad productiva la vitivinicultura. Sucede que el nuevo esquema impositivo que quiere aplicar el gobierno de Macri implica un gravamen extra a las bebidas alcohólicas, vinos, espumantes, y también a las gaseosas. El argumento en el que estriba es un consejo de la Organización Mundial de la Salud según el cual la ingesta de alcohol es perjudicial para la salud. Insólito, pero real. El macrismo define el criterio impositivo conforme un parámetro sanitario teórico. La consecuencia la pagarán los viñateros y bodegueros de la cordillera argentina. Los primeros en protestar fueron los mendocinos, pero el zarpazo impositivo alcanzará a las provincias de San Juan, Salta, La Rioja, Catamarca, Neuquén, en definitiva todos los que forman parte de la industria del vino. La vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero y el sector vitivinícola de la provincia dirigieron encarnizadas críticas a la propuesta de un nuevo tributo a los vinos y espumantes y aseguraron que su implementación golpearía las ventas y provocaría una mayor concentración de productores. La reforma fiscal “no dimensiona el daño y arruina años de trabajo público privado en el posicionamiento del vino en el mercado”, dijo la vicegobernadora. “¿Quién pagará finalmente el impuesto? El consumidor, que hará caer el consumo por mayor precio del producto”, explicó la funcionaria. Por su parte, José Alberto Zuccardi, presidente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), calificó la propuesta como “aberrante” e “impropia”. En el otro extremo del reclamo está Tierra del Fuego, su gobernadora Rosana Bertone afirmó que la quita de aranceles a productos electrónicos importados dejará fuera de competitividad a las industrias radicadas en la isla, generando “9.600 despidos y la disolución lisa y llana de la economía fueguina”. La exención arancelaria es parte de la reforma tributaria que todavía tiene que ser discutida en el Congreso, donde el macrismo hoy es la primera minoría.s