Es ley la expropiación de terrenos del Ponce y los vecinos esperan las mejoras

La expectativa se renovó en el barrio Ponce, luego de que finalmente el proyecto de ley de expropiación de un terreno en el que habitan 200 familias fuera aprobado ayer en la Legislatura provincial. Por unanimidad, la Cámara de Diputados convirtió en ley la iniciativa en beneficio de las familias que viven en el barrio en condiciones de vulnerabilidad desde hace varias décadas, con el objetivo de urbanización, aprovisionamiento de servicios y abordaje integral. Los grupos familiares ocupan pequeños terrenos, en cada uno de los cuales viven entre dos o tres familias de tipo numeroso en condiciones de hacinamiento, siendo éstas en su mayoría de escasos recursos que se sostienen económicamente mediante el trabajo en el servicio doméstico, albañilería o changarines. En el expediente se consigna que ante la preocupación de sus habitantes por obtener seguridad habitacional en terrenos urbanizados, con los servicios esenciales de agua, luz y cloacas y en resguardo de los derechos fundamentales, básicos y esenciales de cada una de las personas a tener una vivienda digna y a vivir en un ambiente sano, se llevó a cabo un relevamiento de la Gerencia de Promoción y Desarrollo Socio-habitacional del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico), el 1 de noviembre de 2016. Del informe surge que las familias habitan en viviendas precarias hechas de material de ladrillos comunes o cerámicos huecos/huecos de cemento a panderete, con estructuras de columnas y vigas de hormigón, cubiertas de chapa galvanizada, cielorrasos de machimbre en gran número con falta de terminaciones (revoques, revestimientos, pisos, entre otros), pisos de tierra, alisado de cemento y/o cerámicos. También hay viviendas de madera y chapa cartón, cuyo estado es precario y/o con materiales mixtos. Se constató asimismo que las familias cuentan con agua sin conexión domiciliaria proveniente de la calle y conexión de energía informal. El asentamiento no cuenta con desagüe cloacal. Se observaron aguas servidas en varias partes del asentamiento. Las condiciones indicadas, en las que habitan las familias moradoras del predio, acreditan la causa de utilidad pública de la expropiación solicitada, la que debe serlo a los fines de la posterior división del inmueble y transferencia a los actuales habitantes, junto a la elaboración de un programa de urbanización. “Estamos muy contentos porque es algo por lo que veníamos luchando desde hace mucho. Celebramos esta conquista y esperamos que lleguen las mejoras”, comentó a NORTE de Corrientes el delegado vecinal, Julio Maciel. Se trata del séptimo terreno en contar con ley de expropiación. El primero fue el predio del asentamiento del barrio Virgen de los Dolores, en 2013. El terreno de 20 mil metros cuadrados en el que habitan 133 familias fue tasado en $3.200.000. Los otros fueron en el Iberá, en la zona conocida como La Chola, donde viven 280 familias y se pagaron $3.300.000; en el Bajo Galván se encuentran 53 familias y se fijó un valor de $2.900.000. En tanto el predio del asentamiento Quilmes, que se encuentra en el barrio Patono, y El Cocal, en San Antonio Este, en los que habitan 360 y 267 familias respectivamente, costaron $5.900.000 el primero y $9 millones el segundo. En tanto, el predio del barrio Río Paraná costó $11 millones.s