Adiós a la emergencia
Anunciaron que pondrán fin a la Ley de Emergencia Económica, que era uno de los insistentes reclamos de las empresas de servicios privatizados.
La administración de Mauricio Macri ya lo tiene decidido, pondrá fin a la Ley Nacional de Emergencia Económica luego de tres lustros de vigencia. Durante este tiempo fue el paragolpes para resguardar a la gente de la sucesivas crisis, comenzando con la del 2001 durante el gobierno radical de Fernando de la Rúa, y a su vez le permitió al Estado argentino negociar desde una posición de fortaleza con el sector privado encargado de la prestación de servicios públicos o de la explotación de concesiones. En tiempos del kirchnerismo esta medida propició un desvío hacia el paternalismo estatal, con el consecuente clientelismo, la deformación de la cultura del trabajo y la multiplicación de negociados, sin embargo en su esencia la normativa es imprescindible para cuidar a los sectores asalariados y productivos que quedaban (o pueden quedar) a merced de las leyes siempre impiadosas del mercado. Cambiemos está dispuesto a terminar con la Emergencia, ergo: con la protección.
El anuncio lo formalizó ayer el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren. “Este año, la Ley de Emergencia Económica, sancionada en 2002 llega a su fin. Debemos recuperar los marcos regulatorios y no volver a incumplirlos”, dijo el funcionario en el discurso de cierre del Congreso Nacional de Abogados del Estado.
La ley fue sancionada el 6 de enero de 2002, en los comienzos del gobierno de Eduardo Duhalde, en el marco de las medidas destinadas a paliar la crisis desatada con el fin de la convertibilidad y tras la salida anticipada del presidente Fernando de la Rúa a fines de diciembre de 2001 y la seguidilla de mandatarios interinos que asumieron la conducción del país en un plazo de una semana. Cuando se aprobó, regía el congelamiento de depósitos bancarios. La Argentina estaba en bancarrota.
La normativa le dio a la administración de Eduardo Duhalde un marco jurídico de excepción, que le permitió establecer la nueva relación del tipo de cambio, pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos; congelar tarifas y renegociar los contratos de los servicios públicos en manos de empresas privadas. También a través de la Emergencia Económica pudo regular los precios de la canasta básica, entre otras cuestiones. Originalmente su vigencia era por dos años, pero cada vez que se acercaba el plazo de vencimiento, el Congreso -a pedido del Poder Ejecutivo de turno- la extendía por otros dos nuevos años. La última prórroga fue dispuesta en los últimos meses de 2015, en el epílogo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Los Kirchner (Néstor primero, Cristina después) mantuvieron la herramienta de la Emergencia Económica durante todo su mandato. Fue útil, pero el abuso derivó en un problema mayúsculo. Acaso, el principal factor negativo es que acostumbró a vastos sectores de la sociedad a vivir en un limbo de subsidios y a los empresarios también, con el agravante de que no invertían.
El ministro Aranguren, ex gerente de la petrolera Shell que hizo fabulosos negocios con el Estado paternalista de los Kirchner, celebró la decisión del gobierno de Macri de terminar con la Ley de Emergencia Económica. “Esto nos va a permitir recuperar los marcos regulatorios de los contratos”, se entusiasmó.
El fin de la ley era uno de los insistentes reclamos de las empresas privatizadas ante el tribunal arbitral del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Con anterioridad, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ya había adelantado la posibilidad de que se eliminara.
Consecuencia, la aplicación de contratos plenos supone tarifas sin subsidios. Lo sentirán los bolsillos, esto sí es un cambio.