Schaerer: Barbieri pidió volver a ejercer como abogado y docente universitario

La semana pasada, la Justicia Federal de Corrientes dispuso la detención de cinco condenados por la causa del secuestro del estudiante corren­tino Cristian Schaerer, cometido hace 14 años en el barrio Las Tejas de la capital provin­cial. Esta medida se dio como consecuen­cia del dictamen de la Cámara Federal de Casación Penal, cuyos miembros de la Sala III confirmaran a me­diados de julio pasado, las penas que les im­pusieron en 2013. Tres de los cinco sentencia­dos ya se encontraban privados de su libertad ambulatoria por cau­sas de narcotráfico. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, y la resolución recayó sobre los hermanos Oscar y Sergio Salgán (ambos con 17 años de prisión); el ex policía federal Miguel Ángel Ramírez (18 años de prisión); María Ester Sudo, de 53 (17 años de prisión); y el hijo de ésta, Gabriel Sudo (11 años de prisión) por “secuestro extor­sivo agravado por la participación de tres o más personas y por su comisión con armas de fuego”.

En los casos de los hermanos Salgán y de Ramírez ya esta­ban presos al estar vinculados a causas de tráfico de estupe­facientes. Los Sudo fueron detenidos en un allanamiento en la vivienda familiar en la localidad de Paso de los Libres.

El abogado Angel Pedro Barbieri, condenado por el secuestro del joven Cristian Schaerer en el barrio Las Tejas de la Capital el 21 de septiembre de 2003, solici­tó a la Justicia Federal que lo habilite para volver a ejer­cer su profesión de letrado y docente universitario. Los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes no hicieron lugar al pedido del sentenciado y ordenaron que continúe cumpliendo la condena en los términos establecidos. En la senten­cia Nº 6 del 14 de junio de 2007 de ese mismo cuerpo de justicia, el ex titular de la Cátedra de Derecho Penal, de la Carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), fue condenado a la pena de 25 años de prisión e inhabilita­ción especial para ejercer la profesión de abogado y do­cente universitario durante el tiempo de la condena, como partícipe necesario penalmente responsable del delito de secuestro ex­torsivo.

Bajo la asistencia de la Defensoría Pública, Barbieri argumentó que “la inhabili­tación especial para ejercer la profesión de abogado y docente durante el tiempo de la condena no está pre­visto en el delito por el cual se lo condena (art. 170 in. 6 del Código Penal)”. Además dijo que él “reúne los requi­sitos para acceder a lo soli­citado (...) ya que lleva a la fecha más de la mitad de la condena impuesta, goza de buena conducta y concepto para el beneficio”.

En su turno, el Ministerio Público Fiscal opinó: “La naturaleza del delito por el que fue condenado, es un delito que además de gra­ve, resulta continuo y per­manente (...) que el conde­nado Barbieri no reúne las condiciones que contempla el instituto de la rehabili­tación para su procedencia debiendo estarse a lo dis­puesto por sentencia”.

Fermín Ceroleni, juez miembro del Tribunal Fede­ral de Corrientes que suscri­bió el fallo en el que se re­chazó el pedido de Barbieri, mencionó que el tribunal sentenciante al imponer la pena de inhabilitación se­ñaló: “Párrafo aparte mere­ce la condición de abogado y docente universitario de Ángel Pedro Barbieri (...) así como su desempeño en ca­rácter de Titular de la Cáte­dra de Derecho Penal (...) de la Universidad Nacional del Nordeste. Tal circunstancia, amén de reafirmar el mayor reproche de culpabilidad, conduce a imponer la inha­bilitación especial para ejer­cer la profesión de abogado y docente universitario. A ello se agregan los motivos que lo llevaron a delinquir (económicos), la eficacia de su aporte al resultado antijurídico, el grado de su educación (universitaria, jurídica y de posgrado), el comportamiento posterior al hecho. Indudablemente no existe ningún atenuante para reducir la pena desde el máximo de la escala apli­cable”.

A ello agregó: “Como lo describe el dictamen fiscal y los considerandos de la sentencia que se ejecuta, la inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado y docente durante el tiempo de la condena del señor Barbieri, aparece de­bidamente fundamentada”.

En relación al otro fun­damento de Barbieri, quien aseguró que ya ha cumplido más de la mitad de la con­dena, el juez Ceroleni hizo una observación matemá­tica, sobre la base de lo que la doctrina interpreta, que cuando se habla de “Mitad de Condena”, dicho plazo debe computarse desde la medianoche en que quedó firme la sentencia: “La sen­tencia en ejecución ha que­dado firme en fecha 16 de Abril de 2009, fecha en que se notificara la Resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal donde le re­chazan al imputado Barbie­ri el Recurso Extraordinario Federal”. Por lo tanto, dijo el juez, “no ha transcurrido la mitad de condena”.

Además se tuvo en cuen­ta lo observado por la fisca­lía, desde donde se recordó que Barbieri registra una sanción disciplinaria en septiembre de 2016 “que motivara su traslado desde la Colonia Penal U-17 de Candelaria, Misiones, a su actual lugar de detención Unidad 7, Resistencia, Cha­co”. s

ANGEL PEDRO BARBIERI, EN LA SALA DE AUDIENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DURANTE EL JUICIO POR EL CASO SCHAERER EN 2007.

Primer debate

En el primer juicio fueron condenados el abogado Ángel Barbieri y Horacio Barczuk (quien cuidaba al jo­ven), a 25 años de prisión, y Judit Alvarenga (secretaria de Barbieri) a 8 años. Se aguarda la extradición desde Portugal de los cabecillas de la banda para juzgarlos, Rodolfo “Ruso” Lorhmann, de 52 años, y José “Potrillo” Maidana, de 57, y la realización de un tercer debate por el encubrimiento.