Otro revés judicial para un ex fiscal procesado por trata
Había recusado a la jueza de la causa, pero le rechazaron la queja. Reclamó llevar la cuestión a otra instancia pero obtuvo respuesta negativa.
El ex fiscal federal Benito Pont nuevamente recibió un revés judicial en la causa en la que está procesado por supuesto vínculo con una red de explotación sexual de mujeres en Paso de los Libres. Es porque la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes le rechazó un pedido para llevar a la Cámara de Casación Penal de la Nación un pedido de recusación a la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien lo procesó por hallarlo presuntamente autor material penalmente responsable de encubrimiento agravado, prevaricato y abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público. La queja que el ex fiscal Benito Pont pretendía elevar a una instancia superior es para que aparten de la causa a la magistrada porque considera que había fallado con escasa objetividad. Justificó su reclamo en una entrevista publicada en un diario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que calificaban a la funcionaria judicial como una luchadora contra la trata. En esa nota periodística se difundió una breve entrevista donde la magistrada explicó en forma genérica cómo se desarrollan los delitos del crimen organizado y las consecuencias que padecen las víctimas. El ex fiscal se sintió aludido en esas declaraciones y pidió que se la aparte de la causa por una presunta falta de objetividad, pero el fiscal general federal Carlos Schaefer y su par de la Procuraduría contra la Trata de Personas habían recomendado desestimar la queja. Este dictamen fue atendido por los jueces Luis Aguilar, Mirta Sotelo de Andreau y Victoria Order, quienes en septiembre pasado resolvieron rechazar la recusación promovida por la defensa oficial contra la señora magistrada Cristina Pozzer Penzo, quien en consecuencia deberá seguir interviniendo en la causa. Además, consideraron que es insuficiente para pedir el apartamiento de la jueza la sola invocación de manifestación genérica presuntamente atribuida a la jueza, referidas al mencionado ilícito, sin individualizar aspectos puntuales y relevantes de la causa en la que se promueve la recusación. Es por ello que la jueza de primera instancia quedó ratificada en el manejo de la causa. Posteriormente el ex funcionario -acusado de formar parte de una asociación ilícita- pidió elevar la cuestión a una instancia superior al poner en dudas la objetividad del fallo en contra de su queja. Este pedido también le fue rechazado ya que, según los jueces, Pont no logra demostrar la cuestión de índole federal que justifique la intervención de la Cámara de Casación Penal. Los magistrados de la Cámara de Apelaciones le hicieron notar que para llevar la cuestión a los tribunales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe advertirse la necesidad de que el remedio procesal deducido por las parte revele la existencia de cuestión federal o supuesto de arbitrariedad en el pronunciamiento criticado que amerite la intervención de esta Cámara como Tribunal intermedio. Indicaron además que tampoco se observa la arbitrariedad denunciada, debiendo recordar que ésta tampoco suple la necesidad que el auto puesto en tela de juicio constituya una sentencia definitiva o equiparable a ella. Es por ello que resolvieron declarar inadmisible el recurso de casación articulado por la defensa oficial que representa al acusado Benito Pont. El ex fiscal está imputado en la causa de trata, en la que también fueron procesados Juan Ramón Carpe, Silvio Antonio Do Santos, Ramón Antonio Do Santos, Claudia María Do Santos, Dionisio Velasco, Jorge Barboza, José María Viero, Juan Manuel Schell, Norma Rosalía Lanatta, María Gloria Ponce, Rafael González, Jorge Lisasoain, Mónica Beatriz Alberti, Rosana Estela Rodríguez, Ricardo Aguirre, Gustavo Aguirre y María Clelia Spada, supuestos integrantes de la red de trata.s