En marcha, una reforma solapada

En medio de la agitación electoral que se vivió en Corrientes, con cuatro paradas en las urnas de junio a octubre, la administración del radical Horacio Ricardo Colombi activó el proyecto de reforma del Código Procesal Penal Provincial (CPPP), un anhelo de larga data para su gobierno y también para un sector del establishment judicial, que cuenta en esta movida con el acompañamiento de referentes de peso en el foro local, además del colectivo académico que no por casualidad comulga formación, ideas y objetivos. En la última década los intentos reformistas naufragaron en la Legislatura provincial, casi siempre por la inconsistencia de los proyectos presentados, que con la excusa de la actualización (léase: modernización) del sistema transfería el poder de la acción penal a un espacio lejano al de los jueces. El nuevo proyecto de reforma no es muy distinto en ese sentido, aunque parece haber morigerado la monopolización que planteaban las iniciativas anteriores, lo que ciertamente no garantiza que la propuesta sea la adecuada.

Como ya se expresó en esta columna en diversas oportunidades, el tema merece ser discutido en profundidad y con serenidad. Y la gente también debería poder opinar. Los legisladores tendrían que escuchar a los judiciables, no solamente a los doctos, quizás surjan aportes que enriquezcan el proyecto. El problema es que a juzgar por el comportamiento del oficialismo la intención es sacar la reforma del Código Procesal Penal Provincial al paso de Usaint Bolt: a toda velocidad. Un dato curioso, el proyecto que lleva la firma de los 16 diputados que la bancada de ECO (radicales y socios) entró a la Cámara baja de la Legislatura en agosto pasado bajo estricta reserva, se le concedió estado parlamentario y se lo envió a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que justamente integran cuatro legisladores del oficialismo (Laura Vischi, Analía Bestard, María Eugenia Mancini y Miguel Salvarredi), la única opositora es María Giraud. Durante todo este tiempo de campaña proselitista, con la actividad legislativa fraccionada, el expediente -que lleva el Nº 12.254- se fue cocinando en silencio. En la sesión de tablas del miércoles último se supo que el proyecto ya tendría despacho de comisión y podría llegar al recinto antes de que finalice el período ordinario de sesiones. Este diario recurrió al archivo para encontrar antecedentes y no halló pistas sobre el ingreso del proyecto ni su envío a la comisión. La página oficial de la Cámara de Diputados en la web no consigna el ingreso del proyecto de reforma; la carga de asuntos entrados se congeló en mayo. Todo muy conveniente para mantener el secreto. ¿Habrá sido una maniobra política o es imaginación periodística? El año pasado, en junio, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Gerardo Cassani (ELI), presentó una propuesta de reforma del CPPP, también hizo lo propio el diputado Raúl Alfonzo (PA), sin embargo ninguna de las dos iniciativas prosperaron, ni siquiera tuvieron la suerte del salir del cajón del escritorio de la comisión. En agosto de este año, mientras todas las miradas estaban puestas en el largo proceso electoral, entró el proyecto de ECO. Una fuente de la oposición le dijo a NORTE de Corrientes que la propuesta, en realidad, es del Poder Ejecutivo y que el borrador fue aportado por el propio Germán Garavano (ministro de Justicia de la Nación y de buena llegada a los fiscales correntinos). Un dato certifica esa sospecha, en el texto del proyecto se coló una referencia insólita, el Artículo 164º que habla sobre allanamientos y registro de locales dice: “Para la entrada y registro en el Honorable Congreso de la Nación, el juez deberá dar aviso al presidente de la Cámara respectiva”. Claramente no corresponde. Alguien copió y pegó sin revisar lo que expresaba. s