Pyramis: ordenaron el embargo de los bienes vinculados a la cooperativa

Una docena de inmuebles y una decena de automóviles fueron embargados a los responsables de la firma Pyramis, que funcionaba como banco sin autorización del Estado y que además tenía cajas de seguridad en las que se hallaron millones en pesos y moneda extranjera no declarados por los clientes. La inmovilización de los bienes fue requerida por el fiscal federal de Corrientes Flavio Ferrini y ordenada por el juez federal Juan Carlos Vallejos, titular del Juzgado Federal 2 de esta ciudad, quien ordenó el embargo del canon locativo de quince contratos de locación. La medida solicitada por el fiscal Ferrini fue como resultado de investigaciones realizadas con la asistencia de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General, a cargo de Carmen Chena. Los datos obtenidos sirvieron de fundamento para pedir al titular del Juzgado Federal Nº 2, Juan Carlos Vallejos, que disponga las medidas cautelares de orden patrimonial. El juez que interviene en la denominada causa Pyramis ordenó acciones sobre los bienes de cinco personas físicas, a efectos de asegurar el decomiso del producto de los delitos que se investigan, así como la pena pecuniaria que se impondría en caso de recaer sentencia condenatoria y las costas del proceso. En ese marco, por un lado decretó el embargo preventivo y la anotación de litis respecto de doce inmuebles y, por otro, el embargo preventivo y secuestro de 10 vehículos. El magistrado también dictó la prohibición de innovar y contratar respecto de los derechos a la adjudicación y transferencia de los contratos de cuatro fideicomisos inmobiliarios, informó el centro de información oficial del Ministerio Público Fiscal. Sumado a ello, el titular de la judicatura federal dispuso el embargo del canon locativo de 15 contratos de locación “hasta tanto la investigación patrimonial permita determinar quiénes son los titulares registrales” de los inmuebles y que se encuentran relacionados con uno de los imputados. Finalmente, el magistrado ordenó el congelamiento de una cuenta corriente -perteneciente a uno de los involucrados en las maniobras ilícitas-, en la que se depositarían las cuotas para el pago de un boleto de compraventa investigado en las actuaciones. Las medidas son en el contexto de la causa en la que se investiga a doce personas físicas y a otras tres personas jurídicas acusadas de montar un banco clandestino -bajo la fachada de una cooperativa- que movilizó millones de pesos con servicios que incluían la compraventa de moneda extranjera y la disposición de cajas de seguridad. En la causa, la Afip informó que la firma registró acreditaciones bancarias por unos $280.378.620 para el período 2012-2015. Las imputaciones incluyen los delitos de lavado de activos y asociación ilícita e infracciones al régimen penal cambiario. s