Un compromiso forzado

La Policía de Corrientes promete encarar una tarea de vigilancia más celosa en las calles con el objetivo de desbaratar o cuanto menos morigerar el accionar de los delincuentes que operan motorizados para cometer arrebatos y asaltos menores. En pocas palabras saldrán a combatir a los denominados motochorros. Así lo dispuso el ministro de Seguridad de la Provincia, Horacio David Ortega, quien acompañado por el jefe de la Policía, comisario general Eduardo Acosta, reunió a la oficialidad e impartió instrucciones para “frenar” el avance de esa modalidad delictiva; el súbito compromiso oficial surgió luego de que tomaran estado público una serie de robos callejeros en esta Capital con distintos grados de violencia. Algunos no se llegaron a consumar, pero engrosan una voluminosa estadística de la inseguridad pública. Uno de los hechos, que acaso fue determinante para la reacción del Gobierno, involucró a una jueza del fuero federal, la camarista Selva Spessot, quien fue atacada cuando bajaba de su vehículo en compañía de su hijo. El episodio tuvo lugar el domingo en inmediaciones de Chaco y Moreno de esta ciudad. “Fue muy violento, me arrastraron por el piso”, dijo la magistrada, quien forcejeó con los malvivientes para evitar el asalto y terminó sufriendo lesiones.

Según relató a la prensa, luego de esperar un rato llegó al lugar un patrullero de la Seccional Segunda, que no tiene jurisdicción en esa zona. Acudió al llamado porque -según le explicaron los uniformados a la jueza- la Comisaría Primera no tenía móviles. “Yo estaba shockeada, intenté comunicarme con la Policía pero no me atendían (...) la peor parte se llevó mi hijo de 12 años que está atravesando una crisis y tuvimos que recurrir a asistencia terapéutica”, describió Spessot que es miembro de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en esta ciudad. La jueza comentó que esa zona, ubicada en el límite del barrio Camba Cuá y Ferré, se repiten casi a diario los hechos delictivos protagonizados por motochorros. “Esta vez me tocó a mí”, dijo con resignación. Así, de pronto, Su Señoría experimentó en carne propia lo que padecen los correntinos de a pie. No es para regocijarse con el sufrimiento de los que están arriba, todo lo contrario, la reflexión debe ser entendida como una advertencia: a cualquiera le puede suceder, no hay exentos ni fueros que otorguen inmunidad ante la inseguridad. Ahora bien, le tuvo que ocurrir a una jueza -y para colmo del fuero federal- para que se produjera la casi inmediata reacción oficial, especialmente después de la velada denuncia que se desprende de sus declaraciones sobre la demora y la falta de patrulleros. La camarista Spessot, a diferencia de los magistrados provinciales, no tiene ligaduras con el poder local que la amordacen o condicionen su crónica de los hechos. Un juez correntino difícilmente se hubiese animado a contar de forma descarnada el sufrimiento ante los delincuentes primero y por la falta de respuesta policial luego. Como sea, lo concreto es que tras la divulgación del ataque que padeció la mujer, el ministro Ortega llamó al jefe policial Acosta y reunió a toda la oficialidad, jefes de comisarías y responsables de grupos especiales para instarlos a un mayor compromiso en la lucha contra los motochorros. “Vamos a robustecer la política de prevención del delito, porque ésa es la clave”, dijo Ortega al definir que se intensificarán los operativos de control de motos en distintos puntos de la ciudad. Les apuntan a los vehículos sin patentes ni papeles, sospechan que se usan para delinquir. “Ya secuestramos unas 150 motos”, detalló el funcionario. Es verdad que la Policía venía haciendo controles durante la semana, pero el domingo se tomaron el día de descanso. Y lo peor, le tuvo que pasar a una jueza federal para que se espabilen.s