Juzgan a empresarios acusados de lavar activos con vehículos de alta gama

El Tribunal Oral Federal de Corrientes inició el juicio oral y público contra siete supuestos integrantes de una organización acusada de haber lavado dinero proveniente del narcotráfico por medio de una concesionaria de automóviles de alta gama, un corralón y firmas relacionadas con la actividad turística radicadas en Misiones. El juicio comenzó ayer a las 10 en la capital correntina, en la sala de debates ubicada en el edificio de la calle Pellegrini 999. Allí los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas y Fermín Ceroleni abrieron el proceso judicial del que participa además el fiscal general federal Carlos Adolfo Schaefer en representación del Ministerio Público, además de los representantes de la Unidad de Investigación Financiera y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), ambas instituciones querellantes. Estaba prevista también la participación de los representantes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, pero debieron postergar su llegada.

OrganizaciÓn familiar

Durante la primera jornada del juicio se escuchó la pieza acusatoria contra Roberto Rodríguez, señalado por el Ministerio Público Fiscal como el líder de la organización que “se valió de lazos familiares y afectivos para poder perpetrar su cometido”. En esta causa también está involucrada su madre, Santa Aquino, y su pareja, Griselda Sosa; su ex concubina Daniela Villalba y su cuñada Rosa Ramos. Otros imputados son José Glibota y su esposa, María de los Ángeles Herrera. El matrimonio está sospechado de ser socios y “asesores comerciales” de Rodríguez en negocios de compra y venta de automóviles por medio de una empresa afincada en la localidad chaqueña de Villa Ángela. Estaba imputado también Cándido Passarello, pero éste falleció mientras se tramitaba la instrucción de la causa.

DaÑos colaterales

En el inicio del debate sólo Griselda Sosa accedió a declarar. Durante su exposición afirmó que debido a la trascendencia que tuvo el proceso judicial, sus hijos padecen inconvenientes psicológicos, y por ello pidió incorporar al expediente unos certificados médicos que acreditarían su afirmación. La mujer figura como socia de al menos dos firmas comerciales fundadas supuestamente con el fin de operar con activos ilegales, y respecto a esto sostuvo que desconocía qué actividades se realizaban en el corralón “Cerro Corá”, señalado como uno de los lugares en el que se lavaban activos. Agregó que tampoco estaba al tanto de los pormenores de las transacciones que realizaba la empresa RR VIP, que comercializaba vehículos de alta gama, pese a que figuraba como gerente de la firma. “Yo firmé esos papeles porque pensé en el bienestar de mis hijos, en que los iba a beneficiar”, sostuvo. Cuando fue consultada respecto de varios vehículos de alto valor comercial que estaban a su nombre, explicó que había aceptado que se los registre a su nombre porque “sólo sabía que (Rodríguez) necesitaba que firme los papeles para poner los vehículos a nombre de otra persona para después venderlos, pero no los usaba habitualmente”.s