Conflicto de intereses de los abogados derivó en la suspensión de un debate

El Tribunal Oral Federal de Corrientes suspendió las audiencias del debate oral y público por el delito de lavado de activos en el que están imputados siete supuestos integrantes de una organización que, según el Ministerio Público Fiscal, lavaba dinero proveniente del narcotráfico por medio de una concesionaria de automotores de alta gama, un corralón y dos empresas turísticas instaladas en Misiones. La resolución de los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas y Fermín Ceroleni se basó en la posible existencia de intereses contrapuestos entre cuatro procesados y sus abogados. El inconveniente fue advertido por el fiscal general federal Carlos Schaefer, quien había solicitado al Tribunal que se analice la situación de la abogada Adriana Calvo, representante del principal acusado, Roberto Rodríguez, y de su pareja Griselda Sosa; y también la del letrado Juan Caros Saife, asesor de los imputados José Glibota y María de los Ángeles Herrera. El planteo del funcionario del Ministerio Público es que en su declaración Sosa había dado a conocer que firmó a pedido de su pareja, Rodríguez, documentos relacionados con los hechos ventilados en el juicio. Desde el punto de vista de la Fiscalía, esos dichos ponían a la declarante en una situación contrapuesta respecto de su ex pareja, y consecuentemente complicaría el trabajo de la letrada que los representaba. El funcionario también se refirió a las declaraciones de María de los Ángeles Herrera, incorporadas por escrito. Sostuvo que podría existir la posibilidad de que se presente la misma situación entre ambos. El fiscal expuso entonces que, desde su punto de vista, se debía establecer la separación de las defensas “para garantizar el derecho de defensa en juicio y evitar posibles nulidades que podrían ser planteadas en el futuro”. Esta postura contó con la adhesión de los abogados que representan a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), instituciones querellantes en la causa. Ante el planteo del fiscal, los letrados expresaron sus oposiciones al sostener que, si bien había declarado una de las imputadas, se debía escuchar a los demás involucrados para determinar así la verdadera existencia de un conflicto de intereses. Expusieron que “es posible, en el caso de Herrera, que su marido afirme que todo lo que diga es verdad, que fue así como ocurrieron los hechos. ¿Dónde estaría entonces el conflicto o el problema?” El letrado Juan Carlos Saife ofreció hacerse cargo de la defensa del imputado José Glibota, y que un abogado que lo acompaña se haría cargo de la representación de Herrera. En tanto, la defensora de Sosa sostuvo: “No es posible saber si existen intereses contrapuestos, porque Rodríguez no declaró, y queremos que lo haga”. Luego de un cuarto intermedio de 40 minutos, en el que los magistrados evaluaron la situación, y resolvieron en el sentido planteado por la Fiscalía, respetando así un criterio ya fijado por ese cuerpo judicial en casos anteriores. Los jueces dieron a conocer que decidieron rechazar el ofrecimiento de Saife. “Ambos abogados deberán representar a uno de los imputados, en tanto al otro se le designará un defensor oficial hasta tanto designe a otro”. Lo mismo se dispuso en el caso de Rodríguez y Sosa. La abogada Adriana Calvo seguirá con la representación de la mujer. El hombre tendrá defensa oficial. s