Dieron la prisión domiciliaria a imputada por narcotráfico

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes otorgó la prisión domiciliaria a una mujer detenida por una causa de narcotráfico que fue vinculada a la que derivó en el Operativo Sapucay, en la que se investigó el tráfico de grandes cantidades de marihuana de Paraguay a Itatí y desde allí a siete provincias argentinas. El fallo está relacionado a los planteos presentados por la defensa de Silvia Hidalgo, imputada en la causa 35/2016 del Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Corrientes. La mujer está alojada en un instituto penitenciario provincial “no existiendo en el Nordeste centros de detención adecuados para llevar a cabo la prisión preventiva”. Sostiene que este lugar carece de las condiciones acordes para garantizar las condiciones de vida digna de las detenidas. También habían justificado el pedido en que el juez Carlos Soto Dávila había denegado la prisión domiciliaria “pasando por alto la solicitud de nuevo informe socio-ambiental en el domicilio de la tía de su asistida, lo que no se llevó a cabo, pero tampoco se habría practicado un informe actualizado acerca de la situación de las menores hijas de la imputada”. En este sentido sostiene el defensor que “se ha omitido prestar primordial consideración a la necesidad de asegurar el interés superior del niño, a efectos de que la prisión preventiva de su madre no constituya una sanción para ellas”. Es por ello que el abogado solicitó “se revoque la resolución recurrida y se disponga la libertad de su asistida bajo caución juratoria, o se otorgue la prisión domiciliaria, en las condiciones que se estimen adecuadas”. Pero además el Ministerio Público Fiscal advirtió que las hijas de la detenida, de 7 y 9 años, “están en una situación de riesgo” al apuntar que “comparten el dormitorio no sólo con su progenitor, sino también con un tío, que tanto el padre como la abuela trabajan todo el día, por lo cual les resulta materialmente imposible ejercer control alguno sobre las menores, al punto de ser trasladadas a la escuela por vecinos”. Ante la situación los jueces Ramón González, Mirtha Sotelo y Selva Spessot resolvieron otorgar la prisión domiciliaria de la imputada “mediante la implementación del dispositivo de monitoreo electrónico, imponiéndosele la obligación de residir en el domicilio ofrecido, como la prohibición absoluta de salida del país”. Ordena también al juzgado tramitar ante el Ministerio de Justicia de la Nación el otorgamiento del mecanismo de vigilancia, y a realizar controles a la imputada cada 15 días.s