Jueces inspeccionaron firmas misioneras atribuidas a una organización delictiva

Jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes, representantes del Ministerio Público Fiscal y abogados defensores de los imputados en una causa de lavado de activos realizaron inspecciones en Misiones, donde están los inmuebles de empresas que fueron fundadas por un grupo sospechado de operar con dinero del narcotráfico y que fue descubierto en el contexto de una investigación en la que intervinieron efectivos de la Agrupación III Corrientes de la Gendarmería Nacional Argentina. Las diligencias se concretaron en el contexto de un juicio oral y público que se realiza en la Capital correntina donde se ventilan hechos relacionados con la actividad atribuida a siete acusados por el delito de asociación ilícita y lavado de activos. Las recorridas comenzaron este jueves 21 de diciembre en la localidad de Montecarlo, Misiones, donde estaba instalado el complejo Tangará, uno de los emprendimientos por medio del que supuestamente se incorporaban activos al sistema legal. Posteriormente la comitiva se trasladó a la ciudad de Candelaria, donde funcionaba el Corralón Cerro Corá, también investigado por la misma causa. En tanto, este viernes 22 de diciembre a las 8 los funcionarios judiciales se trasladaron a los galpones de la Dirección Nacional de Aduanas y de la Administración Federal de Ingresos Públicos de la ciudad de Posadas para constatar la existencia de vehículos que habían sido incautados en el contexto de la causa judicial. Aproximadamente a las 11 llegaron al edificio ubicado sobre la Ruta Nacional 12, en la ciudad de Posadas, lugar en el que funcionaba la concesionaria RR Vip Automotores, un emprendimiento en el que se ofrecían a la venta vehículos de alta gama y que también fue allanado por orden del juez federal Carlos Vicente Soto Dávila. Las sospechas del magistrado y de la Fiscalía es que esos automóviles habrían sido adquiridos con fondos provenientes de actividades ilícitas, pero también se sostiene la hipótesis de que algunos de ellos pudieron haber sido intercambiados por cargamentos de marihuana. El propietario de este emprendimiento es Roberto Rodríguez, un empresario santafesino que estaba radicado en Posadas y que era investigado por su supuesta relación con una organización que traficaba marihuana desde Chaco y Misiones a la Provincia de Buenos Aires. El otro imputado en la causa es José Glibota, propietario de una agencia de vehículos de la ciudad de Villa Ángela, donde también secuestraron rodados. Este último está sospechado de intervenir en las maniobras de lavado y de tráfico de drogas como también de asesorar a Rodríguez. También están acusadas Santa Elba Aquino y Griselda Sosa -madre y pareja de Rodríguez, respectivamente-; Daniela Villalba -ex pareja de Rodríguez-; María de los Ángeles Herrera -pareja de Glibota- y Rosa Ramos. El juicio inició el 28 de noviembre cuando se hizo la lectura de la pieza acusatoria y sólo uno de los imputados accedió a declarar ese día, mientras que otro pidió que se le otorgue la palabra en la siguiente audiencia. Ese día Griselda Sosa, quien accedió a contestar preguntas, afirmó que debido a la trascendencia que tuvo el proceso judicial, sus hijos padecen inconvenientes psicológicos y por ello pidió incorporar al expediente unos certificados médicos que acreditarían su afirmación. La mujer figura como socia de al menos dos firmas comerciales fundadas supuestamente con el fin de operar con activos ilegales, y respecto a esto sostuvo que desconocía qué actividades se realizaban en el corralón Cerro Corá, señalado como uno de los lugares en el que se lavaban activos. Agregó que tampoco estaba al tanto de los pormenores de las transacciones que realizaba la empresa RR VIP, que comercializaba vehículos de alta gama, pese a que figuraba como gerente de la firma. “Yo firmé esos papeles porque pensé en el bienestar de mis hijos, en que los iba a beneficiar”, sostuvo. Posteriormente, el Ministerio Público cuestionó que Sosa y Rodríguez estaban defendidos por el mismo abogado, por lo que el Tribunal ordenó suspender la audiencia para que se designe un nuevo defensor para Rodríguez. Cuando se retomaron las audiencias declaró el principal acusado. Éste había cuestionado la etapa instructoria de la causa y aseguró que cuando allanaron la concesionaria él estaba privado de la libertad. Aseguró que se enteró por medio de los diarios que se había realizado el allanamiento en la firma de automóviles. Ese día también declararon dos gendarmes que intervinieron en el operativo.s