Incautaron bienes de una banda narco que se abastecía en Itatí

Un juez federal mandó a incautar bienes de supuestos integrantes de una organización narco bonaerense que fue detenida en Corrientes en 2016 cuando transportaba más de dos toneladas y media de marihuana en un camión identificado como de Correo Argentino. Fuentes oficiales informaron que las medidas fueron decretadas con el fin de asegurar el decomiso de los activos que son el producto del delito, así como también cubrir el monto de la pena pecuniaria fijada en $3.000.000 dictada en el auto de procesamiento del 12 de agosto de 2016 un camionero y su padre, junto con un prófugo pretendían trasladar el cargamento de drogas a la provincia de Buenos Aires. La orden judicial fue en respuesta a lo solicitado por el fiscal federal Nº 1 de Corrientes, Flavio Ferrini, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General. El fallo del juez Carlos Soto Dávila, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes establece medidas cautelares de orden patrimonial sobre los bienes de los imputados y de terceros que habrían intervenido como prestanombres y se habrían beneficiado a título gratuito, a efectos de asegurar el decomiso del producto de los delitos que se investigan y las penas pecuniarias. En ese marco, el juez ordenó el embargo de nueve automotores -cinco de los cuales se encuentran a nombre de presuntos testaferros- y un inmueble valuado en $2.592.000 ubicado en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, por haber sido utilizado como instrumentos del delito. Sospechan que en ese lugar los imputados operaban con la droga y que si bien estaba a nombre de un tercero, este no era de buena fe y habría actuado como testaferro de uno de los imputados. Además, el magistrado Soto Dávila ordenó el congelamiento de “toda cuenta corriente, caja de ahorro, depósito bancario y/o todo otro producto bancario cuyo titulares o cotitulares” sean del imputado o alguno de sus allegados. En la causa está imputado Javier Randaelli de 38 años, su padre Edgardo Randaelli, de 66, y un secuaz, Walter Ojeda, actualmente prófugo. Durante la indagatoria, Javier Randaelli explicó que Ojeda lo había contratado y que aceptó los $90.000 porque debía pagar los tratamientos médicos de su madre, y que su padre desconocía la operación.s