Boston II: a 10 años del cierre sigue la puja por la prescripción de la estafa

El 28 de diciembre de 2007, el Día de los Santos Inocentes, tras dos años de funcionamiento con buen ritmo de clientes ahorristas -muchos llegaban desde el interior y de Chaco-, la ex financiera Boston Continental SA cerró sus puertas en forma sorpresiva. En la puerta del local Nº 50 de la Galería Corrientes, la cabecera de la firma gerenciada por Marcelo Melgarejo y Alejandro Rotella, los ciudadanos se encontraron con un cartel, había un mensaje para sus más de 7.000 clientes: “Debido a que no se pudo solucionar el problema técnico del sistema, los vencimientos del día de la fecha serán reprogramados para el día 7 de enero del 2008”. Sin embargo, eso nunca ocurrió, y los encargados de la ex financiera que había utilizado el mismo nombre, los mismos colores y una tipografía similar a la de un banco internacional, hoy con otra razón social, desaparecieron literalmente. El escándalo estalló y los funcionarios judiciales en feria del verano 2008, tuvieron mucho trabajo que hacer. A una década del episodio, la megacausa que a pesar de que cuenta con cuatro condenados -Melgarejo entre ellos- con sentencia firme y todos cumpliendo sus respectivos castigos penales, aún queda por resolver la situación procesal de Alejandro Rotella, detenido en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, el 1 de agosto de 2014, junto a su esposa María Teresa Moreira. Quien fuera el gerente de la ex financiera que captaba fondos de clientes a través del sistema de contrato de mutuo, y les daba a los ahorristas una rentabilidad en 30 días hábiles de hasta un 30%, interpuso a través de la Defensoría Oficial un recurso en el que planteó la prescripción de la causa en relación al delito de estafas reiteradas. El reclamo de Rotella llega al máximo tribunal de la provincia después que el imputado apelara la acusación en su contra ante la jueza de Instrucción Nº 1, Norma Beatriz Agraso, quien interviene en la causa judicial. El fundamento de Rotella es por el tiempo transcurrido, si se tiene en cuenta el año en que se inició formalmente el expediente con la primera denuncia de un ahorrista, que fue enero de 2008, hasta la actualidad, supera la pena máxima establecida para ese delito. El artículo 172 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”. La magistrada rechazó el planteo y la cuestión se remitió a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal. En esa instancia los camaristas resolvieron que la solicitud de Rotella era atendible. Consideraron que el Juzgado de Primera Instancia debía analizar nuevamente la cuestión. Pero desde el Ministerio Público Fiscal se apeló el fallo de Apelaciones al considerar que se debía proseguir con el trámite de la causa hasta llegar a la etapa de debate oral y público. Este planteo fue remitido al Superior Tribunal de Justicia. En abril de 2016, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó los recursos de casación presentados por las defensas técnicas de Marcelo Melgarejo -gerente de la ex financiera Boston Continental SA- y Hugo Omar Rotella -padre de Alejandro Rotella, el otro hombre que estuvo al frente de la empresa prestamista-, y confirmó la pena de 16 años de prisión de ambos, el primero por Asociación Ilícita en carácter de “jefe” y el segundo, por la misma calificación penal, pero como “organizador”, además del delito de estafas en la modalidad de delito continuado. También, el máximo tribunal de Justicia de la provincia dejó las sanciones penales que recibieron la abogada que fue contratada por la firma, María del Carmen Montiel, y Paula Breard de Melgarejo. La letrada había recibido cuatro años de prisión por la comisión del delito de asociación ilícita en carácter de miembro, y fue absuelta de culpa y cargo por la estafa, por insuficiencia probatoria. En tanto, la esposa de Melgarejo había sido sancionada con dos años de prisión en suspenso por el delito de encubrimiento. La causa llegó a tener 15 imputados. A cinco de éstos la Justicia, en la etapa de instrucción, les declaró la falta de mérito. En el juicio Tribunal Oral Penal Nº 1 de Corrientes resolvió hacer lugar a las acciones civiles resarcitorias, hasta cubrir la suma de 9.647.443,92 pesos, más los intereses de la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina. Pero los ahorristas aún no recuperaron el dinero.s