Aduaneros detenidos tendrían vínculos con funcionarios judiciales

En el contexto de las investigaciones a funcionarios aduaneros de Paso de los Libres por maniobras de contrabando de mercadería y dinero, como también de posibles operaciones de trata de personas, surgieron indicios de relaciones personales entre al menos uno de los imputados con funcionarios judiciales federales de alta jerarquía. Desde el punto de vista de los investigadores la situación “es de gravedad” ya que estos vínculos podrían derivar en la continuidad de los ilícitos investigados pero también temen el entorpecimiento de las averiguaciones de los hechos denunciados en la causa judicial por la que allanaron oficinas públicas y viviendas de la ciudad de Paso de los Libres el jueves pasado. Según consta en la causa judicial que se tramita en el Juzgado Federal de Paso de los Libres los investigadores sostienen que “existen elementos suficientes para entender que se podría entorpecer la causa con el fin de asegurar su libertad, por cuanto tendría influencias judiciales que lo beneficiarían, tal como puede apreciarse en la escucha telefónica y mensajes de textos que obran en la presente causa”. Esto surge de una conversación telefónica entre dos involucrados en la causa en el que uno de ellos revela que preparaba “un asado” con un funcionario de alta jerarquía en la ciudad de Paso de los Libres. En ese diálogo uno de los involucrados le comenta a su interlocutor que estaba “esperando un gente (un funcionario judicial) de Corrientes al que le estoy por hacer un asado”. Comentó que esa reunión era de importancia por lo que había hasta evitado cumplir con sus obligaciones laborales para asistir. “Pedí para no trabajar ahora porque tengo que pedirle una gauchada a este tipo. Le preparé todo acá, lo estoy esperando”. El organizador de esa reunión es uno de los principales involucrados en la causa quien fue detenido en su lugar de trabajo por policías aeroportuarios. El sospechoso había solicitado posteriormente su excarcelación tras haber escuchado los hechos que se le atribuyen, pero la jueza federal de primera instancia, Cristina Pozzer Penzo, le denegó el beneficio al considerar que su libertad podría perjudicar el desarrollo de la causa. En su fallo la magistrada sostuvo “atendiendo al caso particular estimo oportuno remarcar la gravedad y entidad de los delitos, los cuales en principio, sería formar parte de una organización criminal” que sería contraproducente para la causa de la liberación del sospechoso. Justificó la determinación en que “se tiene especial consideración el estado primigenio en la cual se halla la investigación, el cúmulo de diligencias que restan por producirse, la existencia de imputados todavía no hallados, quienes no se encuentran individualizados”. Remarcó la jueza que “todo deriva en que el encartado pueda obstruir el normal desenvolvimiento de la instrucción como también la posibilidad de fuga al encontrarse próximo a distintos países constituyendo un peligro procesal”.s