Investigan si hubo excesos en la represión

Una fiscalía inició una investigación preliminar con pedidos de informes a las tres fuerzas de seguridad que intervinieron en los operativos de las últimas semanas frente al Congreso de la Nación, Policía Federal, Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Gendarmería Nacional, ante sospechas de abuso en el accionar represivo. La investigación preliminar la inició la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) que dirige Andrés Heim y el fiscal general Miguel Angel Palazzani, y es por los operativos del jueves 14 de diciembre pasado, en el que la Gendarmería tuvo un rol protagónico, y en el del lunes 18, cuando se terminó aprobando la ley de reforma previsional, el cual estuvo a cargo de la Policía porteña y luego de la Federal. Ante la Procuvin se presentaron varios organismos de Derechos Humanos así como particulares y se denunció abuso policial y detenciones arbitrarias: en el último operativo hubo 70 detenidos que fueron liberados en una causa ya iniciada por el juez federal Sergio Torres, quien estaba de turno en ese entonces. Por medio de los ministerios de Seguridad porteño y de la Nación, la Procuvin indagó a autoridades de las tres fuerzas federales sobre la organización previa de ambos operativos: busca determinar quién o quiénes estaban al mando, las órdenes de servicio, los sistemas de turnos, el servicio de policía adicional, la nómina con la totalidad de efectivos y el equipamiento asignado. Además, solicitó que aporten las grabaciones de las modulaciones radiales, la nómina de vehículos que intervinieron, como también qué tipo de armamento se dispuso para dispersar la protesta, “remitiendo certificados y fecha de vencimiento” pues se había informado que el gas lacrimógeno utilizado por la Gendarmería Nacional había caducado. La Procuvin inició la IP (Investigación Preliminar) a partir de los testimonios que recibió y en los próximos días evaluará si realiza una denuncia formal para que un juez designado por sorteo inicie una investigación completa. La sospecha de abuso policial y del mal accionar por parte de la fuerza de seguridad, en especial de la Policía de la Ciudad, forma parte de una causa ya iniciada en el juzgado de Torres. El magistrado (Torres) recibió la comunicación ese lunes 18 y el día siguiente, más allá que los 70 detenidos recuperaron su libertad a las pocas horas, pero siguen sujetos a la investigación. Para avanzar en este sentido, el juez evaluó que gran parte de las detenciones no tenían fundamento alguno y no eran aquellas personas que las cámaras de televisión habían registrado en la avanzada que arrojó piedras y otros elementos hacia la fila de efectivos que intentaba dispersarlos. Un caso es el de un indigente que fue detenido en las inmediaciones del Congreso y otros tantos también habrían sido arrestados “al voleo”, sin una clara participación en la violenta manifestación. A eso responde que todos fuesen liberados, pese al estupor de la opinión pública que contrapone esa decisión a la imagen de la lluvia de piedras y destrozos de un grupo de manifestantes. Pero no todos son “inocentes”, dado que sí hay elementos como para sospechar en la planificación o bien participación de algunos de los 70 apresados en los hechos, como la de una persona que daba expresas indicaciones a un grupo de manifestantes violentos. La visualización de las imágenes y los sumarios policiales que aún se aguardan ayudarán -especulan las fuentes consultadas por NA- a aclarar el panorama. El juzgado evalúa la existencia de tres grupos: los manifestantes que fueron a provocar desmanes y que previamente fueron organizados, aquellos que tuvieron una mínima participación pero que no estaban “coordinados” y los que sólo fueron a ejercer su derecho constitucional sin ningún tipo de violencia. Está claro que estos últimos, que a claras luces fueron la mayoría de los que asistieron aquel 18 de diciembre, no tendrán ningún tipo de persecución penal como sí lo tendrán los de los otros dos grupos.s