Causa Boston II: rechazaron la prescripción de la acción penal

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ordenó que un juez de primera instancia continúe las investigaciones con relación a una megaestafa ocurrida en 2007 al rechazar un pedido de prescripción elevado por uno de los imputados que contó con la oposición del Ministerio Público Fiscal. El fallo del máximo tribunal de la provincia revocó así el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la ciudad de Corrientes que consideró que correspondía la prescripción de la acción penal por paso del tiempo. El tribunal de revisión además había ordenado que el juez de Instrucción de origen declarase de oficio la extinción del proceso judicial por delito de “estafa”, en el caso de Alejandro Saúl Rotella, imputado en la llamada Causa Boston. Ante esa decisión, la fiscal de Instrucción Nº 4, Sonia Meza, interpuso un recurso de casación y fundamentó ese planteo al señalar que la omisión de la rebeldía de Rotella como causal de suspensión del curso de la prescripción era inconstitucional, informó la Dirección de Prensa del Superior Tribunal de Justicia. Esa omisión transgredía, sostuvo, el principio constitucional de igualdad ante la ley, puesto que los restantes procesados en la misma causa se hallan cumpliendo desde años atrás penas privativas de libertad- uno de ellos incluso ha sido condenado a 18 años de prisión. Desde el punto de vista de la funcionaria “resulta fácil colegir que esta decisión que se impugna se traduce en una especie de premio al imputado, que ha estado prófugo durante más de 6 años, asumiendo una identidad falsa, entorpeciendo el accionar de la Justicia, de la cual se ha burlado todo este tiempo, máxime si se tiene en cuenta la índole de los bienes jurídicos afectados por la comisión de las reiteradas estafas, el número de damnificados y los montos siderales de dinero que fueron producto del ilícito, lo que sin lugar a dudas posibilitó que el imputado Rotella escapara del brazo de la Justicia tanto tiempo sin poder ser localizado pese al estado público y notorio que tomó la causa y las pesquisas dirigidas a localizarlo”. En su escrito la titular del Ministerio Público remarcó que Rotella manifestó “un desprecio absoluto” por los derechos de los damnificados, quienes luchaban por obtener una respuesta a sus reclamos. En la fundamentación del fallo emitido por la Cámara de Apelaciones la fiscal resaltó que las prerrogativas constitucionales no podían beneficiar a un rebelde “que consciente y deliberadamente decidió ponerse fuera del alcance de la ley, para luego pretender invocar tales garantías en su beneficio, cuando éstas operan dentro de un sistema de derecho, en el marco de un proceso judicial, al cual el imputado eligió no someterse”. Los Ministros del Superior Tribunal de Justicia coincidieron con lo expuesto por la funcionaria del Ministerio Público, y en la sentencia Nº 251/17, revocaron la prescripción, y dispusieron que las actuaciones fueran remitidas al Juzgado de Instrucción para que este continuara con su sustanciación respecto de los delitos correspondientes al imputado Alejandro Saúl Rotella. En tanto, el imputado continúa privado de la libertad en la Unidad Penal 6 de la localidad de San Cayetano. Alejandro Rotella, había sido detenido en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, el 1 de agosto de 2014, junto con su esposa María Teresa Moreira. Estaban prófugos tras haber sido declarados en rebeldía a comienzos de 2008. En aquella localidad bonaerense, Rotella trabajaba en un taller mecánico y utilizaba un nombre ficticio: Luis López. En tanto, ella, al momento de su arresto en un domicilio ubicado en la avenida Suárez, de Chivilcoy, se hizo pasar por Rosaura Azucena González. Llegaron a Corrientes escoltados por la Policía de Alto Riesgo.s