Masivo procesamiento de funcionarios, empleados públicos, empresarios y ex legisladores en Entre Ríos

Paraná, 29 de diciembre (Télam)

La causa inició con la denuncia, en junio de 2014, del titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, para que se investigue un posible fraude entre 2012 y 2014, aunque luego los ex diputados provinciales María Bargagna y Jorge Monge ampliaron a los períodos entre 2004 y 2007 y 2008 y 2011.
La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, procesó ahora a 128 personas por los delitos de "simulación dolosa de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho y fraude contra la administración pública", entre otros.
Entre los acusados están se encuentran el ex tesorero general de Entre Ríos Gustavo Gioria; la ex directora de Despacho de ATER Estrella Martínez de Yankelevich, y sus ex empleados Abelardo Daniel Gaggión, Darío Barreto, Fabrizio Dayub, y Daniela Miño.
También figura Miguel Angel Galuccio, padre del ex CEO de YPF Miguel Galuccio; el ex diputado provincial Hernán Burna, el reconocido empresario Miguel Waigel, los contadores Jorge Martín Zuttión, Julio Schmukler, Luis Alfredo Speroni y Carlos Arnoldo Sagasti, y 118 empresarios y contribuyentes particulares.
En tanto, otras 52 personas fueron sobreseídas ya que "no había responsabilidad", y porque el Ministerio Público Fiscal decidió "no sostener la acusación" en contribuyentes que compensaron fraudulentamente deudas "por montos inferiores a $15.000".
En su resolución, la magistrada afirmó que, dentro de ATER, un grupo de empleados "con la omisión connivente de Gustavo Alejandro Gioria, tesorero general de la provincia, registraban fraudulentamente como pagadas, en el sistema informático del fisco provincial, deudas tributarias impagas de ciertos contribuyentes".
Los empleados "simulaban el pago por compensación, como si el contribuyente hubiese sido titular de un crédito líquido y exigible contra el Estado", pero "no sólo no eran proveedores del Estado sino que tampoco eran cesionarios de créditos fiscales de terceros", destacó.
La jueza explicó que Barreto "captaba y ofrecía el negocio a contribuyentes" y era el "encargado de recibir el dinero que directamente le daban los contribuyentes, o de los contadores (...), dinero por el cual luego les hacían desaparecer sus deudas impositivas de los registros del ente recaudador".
"Luego -continuó- Barreto indicaba a María Estrella Martínez de Yankelevich quiénes eran los contribuyentes a los que había que simular el pago por compensación en los registros informáticos, y ésta se encargaba de que modificaran los registros informáticos".
Los empleados Gaggión, Dayub y Miño "manipulaban el sistema informático" de ATER con "información falsa sobre que los contribuyentes eran titulares de créditos líquidos y exigibles contra el Estado provincial".
Con esa información falsa, los impuestos que los contribuyentes adeudaban figuraban "cancelados por compensación", produciendo "un perjuicio al erario público provincial equivalente a las deudas por impuestos fraudulentamente registradas como pagadas".
Martínez de Yankelevich, Gaggión y Barreto fueron procesados como coautores de simulación dolosa de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y delitos de defraudación a la administración pública, con embargo sobre sus bienes por $100.000.
También al ex tesorero general de la provincia se le embargaron sus bienes, procesado como autor de defraudación a la administración pública reiterado, mientras que el contador Zuttión fue procesado como partícipe necesario en los delitos de cohecho activo, cohecho pasivo y defraudación a la administración pública.
Los contadores Schmukler, Speroni y Sagasti fueron procesados como partícipes necesarios en los delitos de simulación dolosa de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho activo reiterados; y en los delitos de defraudación a la administración pública y cohecho activo.
En tanto, los empresarios y contribuyentes particulares fueron procesados como autores de los delitos de cohecho activo y participación necesaria en el delito de simulación dolosa de pago, adulteración dolosa de registros; autores de los delitos de cohecho activo; y participación en la defraudación a la administración pública reiterados.