Disminuyó 50% la posibilidad de acceder a la libertad condicional

“El régimen penitenciario se basará en la progresividad, procurando limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y promoviendo en lo posible y conforme su evolución favorable su incorporación a instituciones semiabiertas o abiertas (...)”, reza, el artículo 6 de la ley nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Nº 24.660). NORTE de Corrientes analizó 15 años de datos oficiales sobre cárceles. Un emergente de está descomposición visibiliza la retracción de dicho principio de progresividad: en una década bajó a la mitad el número de presos en condiciones de acceder a beneficios de semilibertad. A la vez, la cifra de condenados a los que no se aplica el beneficio aumentó notablemente. Desde hace 4 años ningún preso recibe libertad condicional. Un reciente informe de un organismo del Gobierno provincial alertó sobre el “estancamiento” del progreso de los internos para su resocialización (ver apartado). Según el documento -al que accedió este diario-, entre los factores que motivan esta situación figurante el desempeño deficiente y la morosidad de los trámites por parte del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), encargado de calificar a los presos y presentar las notas a la jueza de Ejecución de la Condena, María Teresa Zacarías. A partir del punto 12 de la aludida legislación nacional, se nombran y desarrollan las fases de la progresividad. Groso modo son cuatro (aunque existen variaciones y excepciones): período observación, de tratamiento, de prueba y de libertad condicional. Del desglose de las estadísticas del Sistema Nacional de Estadísticas de la Ejecución de la Pena (SNEEP) surge que entre 2007 y 2016 el porcentaje de personas presas aptas para obtener salidas transitorias, pasar al régimen de semilibertad o pasar a un establecimiento abierto disminuyó un 50 por ciento. El dato es paradójico, pues, 2007 fue el año en que comenzó a funcionar el juzgado de Ejecución de la Pena, estamento creado por ley provincial 5.655/05.

En datos

La población carcelaria es la más alta de la historia reciente de Corrientes: 978 en 2016, de ese total 553 (56,5%) son personas -la gran mayoría masculinas- con condenas firmes. De ese subtotal, 475 están en el período de prueba. El mismo consiste en “cambio de sección o grupo dentro del establecimiento o su traslado a otro”, según la ley de Ejecución de la Pena. Es decir que -hasta el año pasado- el 85 % de los condenados estaban una fase en la que la pena privativa de la libertad ambulatoria se aplicaba sin mayor atenuación que una relocalización. Del 15% restante sólo el 8,5% (47 personas) estaban en período de prueba, o sea con posibilidades de acceder a regímenes abiertos o semiabiertos. Con el foco puesto en está fase de la progresividad a lo largo del período 2007/16 se observa que la cifra ha mermado entre el primero y el último de los años en análisis. Hace diez años había 95 personas en período de prueba, lo que representaba el 17% de los condenados en ese entonces. Con leves altibajos y repuntes que se mantuvieron en los parámetros, el porcentaje fue decreciendo hasta llegar la 8,5% registrado en 2015 y 2016. Pero ese flujo humano en vez de seguir progresando hacia la libertad condicional se retrotrajo a las fases anteriores. En 2007 los que estaban en tratamiento eran el 81% de los condenados; en 2016 eran el 85%, el período de observación (que la primera de las fases) pasó de representar el 1% al 3%. s