El fiscal general de Bahía Blanca evalúa librar nuevas detenciones en la Uocra
Buscan establecer si las empresas eran parte de “la mecánica de extorsión”.
El fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, no descartó que puedan producirse nuevas detenciones en la causa en la que es investigado el sindicalista Humberto Monteros, ex titular de Uocra en esa ciudad bonaerense, cuando se establezca si todas las empresas que figuran en el expediente eran parte de “la mecánica de extorsión” presuntamente desarrollada por el gremialista.
“No descartamos que se produzcan otras detenciones cuando en la causa se analice la participación de las empresas en la mecánica de extorsión que se utilizaba. Sabemos que había firmas en las que participaban familiares, y en esas el vínculo está claro, pero en otras todavía hay que determinarlo”, apuntó Fernández en declaraciones a Télam.
Monteros fue detenido el jueves pasado bajo la acusación de encabezar una asociación ilícita que extorsionaba a los empresarios de la construcción, quienes para realizar las obras que licitaban eran obligados a contratar los servicios de determinadas firmas.
La investigación que lleva a cabo el fiscal Gustavo Zorzano -subordinado de Fernández- pasa por establecer si esas empresas conocían las amenazas que Monteros y su organización efectuaban sobre los constructores. Monteros, removido en octubre del año pasado de la titularidad de la filial Bahía Blanca de la Uocra por el titular del gremio a nivel nacional, Gerardo Martínez, quedó detenido el jueves en la ciudad balnearia de Monte Hermoso.
Al momento de ser apresado, el sindicalista tenía en su poder más de cinco millones de pesos, 100 mil dólares, armas y drogas.
En tanto, la Justicia apresó además a otros cinco integrantes de la ex cúpula de la Uocra-Bahía Blanca: Pablo David Gutiérrez, Mario González, Raúl Erbin, Sergio Vázquez y Walter Paiz, quienes al igual que Monteros se negaron a declarar ante la Justicia. También están detenidos José Burgos, Nelson Damián Cabrera, Carlos Carrillo, David Muñoz y Aníbal Aranda, todos ex integrantes de la delegación bahiense del gremio constructor, que también optaron por el silencio ante la jueza Marisa Promé, titular del Juzgado de Garantías número 4.
Ayer, el Ministerio de Seguridad anunció la detención en un paso fronterizo neuquino de Sebastián Canale, quien estaba prófugo en la causa y fue apresado por efectivos de la Gendarmería cuando intentaba regresar al país desde Chile por el paso de Pino Hachado, en Neuquén. En total, los apresados son doce, los prófugos dos, y para Zorzano estos imputados con paradero desconocido “tuvieron un papel protagónico en varios hechos de esta asociación ilícita en la que había una división de tareas”.
Asimismo, desde el Ministerio público se consignó que son investigados “44 hechos en total”, entre los que hay casos de extorsión y de otros delitos, como el de daños. Fernández precisó que el fiscal de la causa tiene ahora un plazo de 15 días para ordenar las prisiones preventivas de los acusados, y aseguró que las maniobras que se investigan se corresponden con “montos multimillonarios”.