El ejemplo que se demora

De acuerdo con un informe que presentó ayer el Ministerio de Hacienda de la Nación, al menos 68 de cada 100 pesos con los que contó para administrar el Gobierno en 2017 se fueron en gasto en salarios, jubilaciones, pensiones, asignaciones y otros programas sociales. Se trata del 68,18% del gasto primario acumulado. Los datos abonan la campaña en la que se embarcó la Casa Rosada para mostrar que está por el camino de la eficiencia fiscal (con la correspondiente atención a la cuestión social) y que busca trasladar el ejemplo a las provincias, además de condicionar la próxima negociación salarial en el sector privado al techo de 15% que se fijó como proyección inflacionaria para este año. Menudo desafío, los pronósticos de economistas y consultores hablan de un inflación por arriba de la meta oficial, más cercana al 20%.

Por lo pronto, el informe presentado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, (que dicho sea de paso tiene sus capitales fuera de la Argentina) indica que los gastos primarios alcanzaron en 2017 los 2,4 millones de millones de pesos, mostrando un crecimiento del 22% respecto de 2016. De toda esa masa de dinero, 922.141 millones de pesos fueron destinados al pago de jubilaciones y pensiones; 141.555 millones de pesos se destinaron a asignaciones familiares y por hijo; y 240.829 millones fueron a otros programas y prestaciones. Un dato significativo, la masa de dinero que demandó los salarios de los cargos políticos y los trabajadores del Estado durante 2017 fue de 333.193 millones de pesos. El gobierno de Mauricio Macri tiene un boceto de una reforma para bajar los gastos de la política, según anunció en los últimos días el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y se podría discutir a partir de marzo en el Congreso de la Nación. La idea es achicar el número de ministerios y reducir también la conducción de otras reparticiones para bajar la cantidad de funcionarios. El primer paso en este sentido lo dio la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal que dispuso recortar casi 400 cargos políticos, lamentablemente esa tendencia no se dio en otras provincias, o no trascendió. En Corrientes, seguro, no. El caso de la Municipalidad capitalina es paradigmático respecto de la designación de funcionarios políticos y quedó en evidencia con el informe que publicó NORTE de Corrientes sobre los alcances del nuevo organigrama municipal. Aunque las autoridades locales se excusaron y prometieron ser medidos en los nombramientos, el hecho es que las incorporaciones siguen adelante, mientras en paralelo se prepara un fuerte ajuste en la plantilla de personal. El flamante Sindicato de Trabajadores del Estado Municipal de Corrientes (Sitemco) manifestó su preocupación por la “designación de actuales y futuros funcionarios en distintos puestos, como ser directores de áreas, jefes de departamentos, jefes de divisiones y todos aquellos alcanzados por imperio de la ordenanza 3.641 (Estatuto del Personal de la Municipalidad) y el Escalafón Municipal, correspondiente a las ordenanzas Nº 1.525; 1.578; 1.981; 5.208”. Todos ellos -dicen la organización sindical- “deben acceder al cargo a través de los respectivos concursos establecidos en las reglamentaciones y normativas vigentes, es la única manera de comenzar a dar visibilidad, respeto y continuidad a la carrera laboral tan vapuleada desde hace mucho tiempo”. En esa línea, sostiene, en una nota que le hicieran llegar a la Intendencia, que “es necesario establecer un nuevo reglamento para los concursos que dé transparencia”. ¿Como funciona la responsabilidad fiscal en gobiernos dispendiosos con los cargos políticos? El esfuerzo que pregona la Nación y que algunas jurisdicciones afines han puesto en práctica no llegan a estas latitudes. El sacrificio demanda buenos ejemplos. s