Cloaca: la obra de la Nación que agrede al ambiente y a la autonomía municipal

El proyecto de la planta de tratamiento de líquidos cloacales en Santa Catalina que el Gobierno Nacional prometió durante la campaña que catapultó -urnas mediante- al cardiólogo Eduardo Adolfo Tassano a la Intendencia de Corrientes, amenaza con hacer sucumbir la alineación política Nación/Provincia/Municipio en un pantano fétido. Si estalla el escándalo, que está en vías de producirse, lo que salpique de allí será difícil de limpiar. Sucede que la iniciativa, que nació del proselitismo de Cambiemos y la inveterada ineficiencia de la administración de Horacio Ricardo Colombi para hacer obras de infraestructura que les sirvan a los correntinos, solamente exuda irregularidades. Todo huele mal. Tal como está planteado, el proyecto vulnera la autonomía de la Municipalidad de Corrientes, violando una ristra de artículos de la Constitución Nacional, Provincial y la Carta Orgánica Municipal; también es controversial con leyes en materia de planificación, y por si todo esto fuera poco, de la lectura de la propuesta técnica de la obra surge -según los entendidos- que hay serios riesgos ambientales. Alcanza con decir que no se hizo un estudio, como corresponde, de impacto ambiental ni se llamó a audiencia pública para tal fin. Dicen que estarían por usar productos que son tóxicos. La planta se montará en una zona de Santa Catalina de próxima urbanización y solamente estará separada de las casas por una doble fila de árboles muy altos. Una suerte de cortina verde para aislar las piscinas donde se hará el tratamiento de los efluentes cloacales, no parece muy promisorio para el desarrollo inmobiliario. Todo esto está denunciado en una serie de presentaciones que se hicieron en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Corrientes y que el titular de dicho organismo, el radical César Vallejos Tressens, dio curso girando la actuación a la Defensoría del Pueblo de la Nación, además de remitir sendas notas al ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas, Rogelio Frigerio; y al ministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, haciéndoles saber del reclamo y la solicitud de que suspendan el proceso. ¿Por qué pasó a la Defensoría de la Nación? Porque está involucrado el Gobierno Nacional, que se comprometió a financiar la obra con recursos provenientes de una línea de crédito internacional. El presupuesto inicial es de $1.200 millones, que en caso de avanzar se irá actualizando elevando la inversión a una suma mayor. La obra ya fue licitada por la Nación, aunque no hay estudio de impacto ambiental, lo que constituye un problema muy serio. Igual de grave es el hecho de que no se cumplió con la manga constitucional y la Municipalidad de Corrientes no participó del proceso, aunque todo el excremento (los caños, las piscinas y los árboles para oxigenar) estarán en su jurisdicción.

 Tres días antes de las elecciones municipales de junio pasado, las princi­pales espadas políticas de Cambiemos anunciaron el proyecto de la planta de tratamiento cloacales en Santa Catalina. La obra es una necesidad de larga data y fue pensada -dicen- “para los próximos 20 años”. El hecho es que debió haberse construido hace 20 años. El gobierno radical de los Colombi (Ricardo y su pri­mo Arturo) nunca hicieron cumplir lo estipulado en el contrato de concesión de servicios.
Ahora merced al impulso nacional se planea subsa­nar un viejo déficit, pero el problema es que no se cumplieron con aspectos legales, técnicos y ambien­tales. Por eso se está trami­tando un amparo ambien­tal colectivo con cautelar. En la presentación hacen notar que el Gobierno cen­tral avasalló la autonomía de la Municipalidad de Corrientes, que es la que tiene potestad sobre los terrenos que se habrán de utilizar. La autorización debería tener el visto bue­no legislativo, no ocurrió.
Si el doctor Tas­sano firmó algún tipo de autoriza­ción en estos 40 días que lleva de gestión, tal acto se mantuvo en re­serva, antes no sucedió, la Intendencia no fue consul­tada ni participó del proce­so. Era lógico, gobernaba un representante del kirch­nerismo.
Más temprano que tarde el Municipio, sus autorida­des, tendrán que aprobar el uso del suelo, etc., espe­cialmente porque toda la infraestructura de la planta cruzará transversalmen­te por Santa Catalina, que es, dicen, el polo de de­sarrollo urbanístico de la ciudad.s

Pasos que no cumplieron
Los funcionarios naciona­les y también, en buena me­dida, algunos funcionarios provinciales intervinientes en el proyecto de la planta cloacal de Santa Catalina habrían incurrido en el ava­sallamiento de la autono­mía municipal. Incluso las actuales autoridades de la Ciudad podrían quedar sal­picadas por esta irregulari­dad, sucede que la Constitu­ción Nacional, Provincial y la Carta Orgánica determina la potestad de cada jurisdic­ción.
Éste es uno de los aspectos que desarrolla el ingeniero Rodolfo Amílcar Paladini en una serie de presentaciones que hizo ante la Defensoría del Pueblo. Dice por ejemplo que el protocolo incumplido es el siguiente.
1) El proyecto ingenieril completo con sus planos y documentaciones respalda­torias debió presentarse en la Secretaria de Obras Pú­blicas Municipal para obte­ner el Certificado de Uso de Suelo, abonando la tasa de aprobaciones de los planos. Toda esta documentación debe ser rubricada por un profesional inscripto y habi­litado en Corrientes.
2) Obtenido el Certificado, se debió presentar un estu­dio de impacto ambiental abonando la tasa de actua­ción y diligencias que co­rrespondan.
3) La Municipalidad debió efectuar con todos esos ele­mentos presentados su pro­pia evaluación del impacto ambiental a través de la Se­cretaría de Medio Ambiente.
4) Someter a audiencia pública ambiental dicha evaluación oficial.
5) La Municipalidad de Corrientes debió efectuar el llamado a la convocatoria de Licitación Pública Internacio­nal.
6) La Municipalidad debió intervenir en el acto licitato­rio recibiendo y abriendo las ofertas correspondientes y realizar los estudios de pread­judicación, adjudicación y fir­ma del contrato de construc­ción.
7) Realizar la ejecución de dicha obra por contrato bajo el régimen legal de Obra Pública Provincial y Municipal, Ley 3.079 y su Decreto Reglamen­tario Nº 4.800 y de la Orde­nanza de Obras Públicas Mu­nicipal actualmente vigente.
8) Efectuar los pagos a la contratista con fondos prove­nientes de la Nación -BID- con sus controles estipulados en la misma ley, etc.
“No existen normas que le impongan al Intendente o al Concejo Deliberante declinar y/o renunciar a facultades y atribuciones constitucionales que les fueron conferidas”, dice Paladini en su presen­tación. La denuncia se está cursando a nivel nacional y podría abrir una causa en el fuero federal.s