Terán, sobre Sapucay: “Se rigen por testimonios cargados de subjetividad”

“Queridos amigos, quiero compartir nuevamente con ustedes mi gran angustia por esta situación tan injus­ta, en poco tiempo se cum­plirá un año de mi detención y hasta el día de la fecha no me han dado la oportunidad de demostrar mi inocencia”.

La frase corresponde a Natividad Roger Terán, el ex intendente de Itatí arresta­do junto al entonces vice de esa localidad, Fabio Aquino, en el denominado Opera­tivo Sapucay en marzo de 2017. Ayer, en un texto pu­blicado en Facebook -con la aclaración de que fue escri­ta en su celda de la Unidad Penitenciaria Federal de Marcos Paz, Buenos Aires, y transcrita por Nelson Terán “quien hasta el momento administra” su cuenta en esa red social, el ex jefe co­munal procesado en una megacausa por narcotráfico que lleva adelante el juez porteño Sergio Torres, cri­ticó duramente el accionar de la Justicia e insistió en su inocencia. “Los jueces y fis­cales responsables han he­cho caso omiso a todas las evidencias que fueron so­licitadas por mi defensa. Se han denegado a la produc­ción de pruebas de manera injusta, arbitraria e irracio­nal, vulnerando el estado de derecho, en el que triunfa la vigencia de la ley y donde se privilegia, se cumple y se respeta la igualdad de armas en el proceso. En otras pa­labras, todo lo contrario, al proceder ilegítimo ejercido sistemáticamente desde el inicio de esta causa”.

Terán reclamó: “(...) las medidas de prueba que hoy estamos solicitando, son las mismas que demandamos al momento de la declaración de indagatoria hace más de 8 meses. Penosamente no se avanza, no se investiga, no se busca la verdad, se rigen por interpretaciones y testi­monios cargados de subjeti­vidad”.

El ex funcionario -cuyo mandato en Itatí venció el 10 de diciembre pasado- cerró su descargo: “Lamentable­mente la Constitución Na­cional está siendo avasalla­da como en otras etapas os­curas del país. Ojalá que esté equivocado y se garantice el estado de derecho. Pero pido como siempre que las auto­ridades responsables sean imparciales durante el pro­ceso y juzgamiento, dejando de lado las presiones mediá­ticas y políticas (...) El daño social y psicológico que cau­saron ya es irreparable, pero por mi familia, amigos y gente querida, no voy a dejar de pelear hasta que se haga justicia”.

En una entrevista exclusi­va con NORTE de Corrien­tes en noviembre pasado, Terán aseguró: “Estamos involucrados en una cau­sa armada. Ya apelamos y presentamos pruebas, y me preocupa que no dan lugar a las presentaciones. Yo es­toy seguro de mi inocencia. Reitero, estoy en una causa armada en la que me invo­lucraron sin nada concreto. Y tengo miedo. No por mí, sino por mi familia. Porque si a mí me inventaron una causa, me trajeron acá, a es­tas alturas no sé lo que son capaces de hacer con mis hi­jos y mis hermanos. Eso me preocupa, y tengo miedo por la integridad de ellos”.

A ello agregó: “Lo que pasó es que armaron un circo en Itatí para fabricar causas. Esta, en la que me involucraron, es una causa política, no hay otra forma de entender­la, porque dos meses antes del operativo, en el que me detu­vieron, la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) ya hablaba de narcopolítica y anticipa­ba lo que después pasó. Esto está armado”. En agosto del año pasado, la Sala I de la Cámara Federal de la Capital le había dado un importante apoyo al juez Sergio Torres.

En una resolución de 114 páginas, los camaristas Jor­ge Luis Ballestero, Leopoldo Bruglia y Eduardo Freiler confirmaron los procesa­mientos de “Roger” Terán, y de Fabio Aquino, quienes junto a una docena de per­sonas fueron detenidos en marzo de 2017 en el deno­minado Operativo Sapucay. Aunque sus defensas plan­tearon una serie de nulida­des ante la Cámara, ésta sólo ordenó la “falta de mérito” de tres imputados de menor importancia, de la larga lista de más de 20 acusados. Los jueces confirmaron también los embargos y coincidieron en la calificación elegida por Torres, que los procesó por “asociación ilícita en con­curso real con el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes (en la moda­lidad comercio) en calidad de coautores, agravado por ha­berse servido de menores de 18 años y por la intervención de funcionarios públicos”. Durante la investigación se descubrió que la banda usaba chicos de los colegios de Itatí para descargar los botes don­de la droga llegaba desde la orilla paraguaya. Esto era tan común que los testigos inclu­so hablan de la categoría “es­cueleros”. El segundo agra­vante se relaciona con una variada gama de complicida­des policiales y judiciales que quedaron plasmadas en las detenciones ordenadas por el juez. Torres tuvo en cuenta como principales pruebas va­rias escuchas telefónicas y la declaración de personas que declararon bajo la figura del “arrepentido”.

Según se pudo estable­cer en la causa, la droga provenía desde Paraguay por el río Paraná y llegaba a la localidad de Itatí para luego ser distribuida en siete centros urbanos de distintos puntos del país.

Con respecto a Terán, la Cámara remarcó en el fallo que varias escuchas tele­fónicas lo comprometen y que varias declaraciones lo señalan como “una persona estrechamente ligada al trá­fico de drogas en la locali­dad de Itatí, que procuraba, mediante su calidad de fun­cionario público, favorecer a otros integrantes del grupo criminal”.