En Corrientes miran de reojo el decreto purgativo de la parentela acomodada

A través del Decreto Nº 93, que apareció ayer en el Boletín Oficial de la Nación, se formalizó la prohibición de nombrar, bajo cualquier modalidad, en la repartición pública nacional a personas que tengan algún vínculo de parentesco con el Presiden­te, la vice, el jefe de Gabine­te, ministros y demás fun­cionarios con rango supe­rior. La limitación alcanza a familiares tanto en línea recta como en línea colate­ral hasta el segundo grado y comprende a cónyuge y cualquier otra unión convi­vencial.

Comenzará a regir a par­tir del primer día de marzo, hasta entonces la parente­la tiene tiempo de renun­ciar; se supone que una vez superada esa fecha serán despedidos, el decreto no especifica cómo habrán de proceder con los remisos.

La medida fue impulsada por el presidente Mauricio Macri a raíz del escanda­loso caso de su ministro de Trabajo, Jorge Triaca, cuyas hermanas ocupaban altos puestos jerárquicos del Estado y además tenía una empleada doméstica en negro, a la que, para col­mo, maltrataba. La purga, que significará un ahorro (estiman que cercano a los $1.500 millones), pretende ser un ejemplo para erradi­car el nepotismo del Estado, borrando de los despachos del poder a los familiares que llegan por acomodo po­lítico.

Un puñado de goberna­dores salió a respaldar la decisión del Jefe de Estado y prometen imitarlos, al­gunos ya se habían adelan­tado, otros como el gober­nador del Chaco, Domingo Peppo, dicen que estudiarán el tema. En Corrientes, por ahora, nadie se anima a ha­blar del asunto; el goberna­dor Gustavo Adolfo Valdés, que estuvo en Buenos Aires haciendo gestiones justa­mente en la Casa Rosada, no se pronunció.

Aquí miran de soslayo el decreto que pro­híbe poner a la parentela en car­gos políticos, si sucede tendrán que reacomodar el equipo, tal vez el organigra­ma y ciertamente redefinir el modelo de distribución para sostener el poder, es que el nepotismo ha sido un instrumento invaluable en la política correntina. Más grave aún, si la purga llega­se a combinar limitaciones para el Poder Legislativo y la Justicia respectivamente se desmantelaría el entramado de una casta que se ha ser­vido del Estado sin rubor. Impensadamente el Decreto de Macri podría resultar re­volucionario en provincias de estructuras institucio­nales anquilosadas como Corrientes.

Por el momento el radical Valdés no ha dado señales de audacia, pero sus corre­ligionarios Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gerardo Mo­rales (Jujuy) se apuraron a aplaudir la medida macrista y prometen imitarlo. Ma­ría Eugenia Vidal (Buenos Aires) y Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires) anticiparon que van por el mismo camino. Así las cosas, a Valdés no le quedará más camino que seguirlos, aunque el decreto de marras nada dice sobre la obligación de adherirse.

El mayor problema se presentará en la Municipa­lidad de Corrientes, donde la gestión radical diseñó un organigrama de más de 300 cargos políticos y allí puso a muchos parientes, hijos de, cónyuges y hermanos. Están en la primera fila y si se aplica el Decreto de Macri serían los primeros en caer. En el organigrama provin­cial la situación es diferente porque se trata de una es­tructura de poder que se fue consolidando a lo largo de 16 años, aunque hay parien­tes de todos los rangos. s

El Decreto Nº 93/2018, firmado por Mauricio Macri dice en el Artículo 1º: “No po­drán efectuarse desig­naciones de personas, bajo cualquier modali­dad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vice de la Nación, Jefe de Gabine­te, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial”. Detalla en el Artículo 4º: “Que­dan exceptuados de lo dispuesto en el artí­culo 1º los designados mediante Concurso Público o que cuenten con estabilidad en el cargo”.

600 Cargos suprimirán de la estructura del Estado Nacional. Representan el 20% del personal político.

Además de los macristas María Eugenia Vidal y Hora­cio Rodríguez Larreta, y los radicales Alfredo Cornejo y Gerardo Morales, otros man­datarios se manifestaron a favor de la medida impulsa­da por la Casa Rosada para prohibir el ingreso de pa­rientes a los cargos políticos. Por ejemplo, Gustavo Bordet (Entre Ríos), Omar Gutiérrez (Neuquén) adelantaron que aplicarán medidas de auste­ridad. El primero en esa línea fue Juan Manuel Urtubey (Salta), que en noviembre decretó el congelamiento de los salarios para sus funcio­narios y redujo un 20% la estructura del Estado salteño mediante un plan de moder­nización provincial.

Como contrapartida, un grupo de gobernadores sa­lió a plantear objeciones a la purga y hay dudas sobre su aplicación, es el caso del chaqueño Domingo Peppo. Otros, sin embargo, directa­mente lo descartaron.

“Lo que me preocupa mu­cho más es la eficiencia en el servicio y el rol que tiene el Estado. Sobre los recursos humanos, la limitante que se plantea (desde el Gobierno Nacional), a veces puede ser discriminatoria o no, puede caer bien en la sociedad. A nosotros nos importa eva­luar el verdadero impacto que tiene”, declaró Peppo cuando le consultaron so­bre la prohibición. No obs­tante, no descartó medidas similares a las que impulsa el presidente Macri, aunque mostró que tiene otras estra­tegias. “Estamos trabajando en un retiro voluntario para la administración pública”, confirmó.

En la provincia de Córdo­ba, el ministro de Gobierno, Juan Carlos Massei, informó que no adoptarán “medidas de excepción ni de emer­gencia” en el Estado, como la de remover de las distintas áreas de Gobierno a parien­tes de funcionarios. Explicó, en ese sentido, que la gestión del gobernador Juan Schia­retti no realizó en la admi­nistración pública provincial una evaluación “por paren­tesco” sino “por capacidad y eficiencia en la gestión”.

A su vez, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, opinó que los anuncios rea­lizados por el presidente Macri en el marco de una re­forma de la estructura políti­ca del Estado “suenan poco creíbles y muy a marketing”. El mandatario socialista con­sideró que las medidas -que comprenden la exclusión del Gobierno de familiares de ministros- resultan “con­tradictorias, luego de que el propio Presidente ratificara a Jorge Triaca”.

La más dura de todos los que objetan la purga fue la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci. Adelantó que no comparte las medi­das de ajuste, al juzgar que “es discriminatorio” dejar sin trabajo a parientes de fun­cionarios. “Sinceramente me parece que es una marcada discriminación: a la gente hay que elegirla por sus ca­pacidades y no por su ape­llido, y así como se tiene que elegir por eso, no se puede excluir a gente capaz por su apellido”, señaló.

“Puede ser una medi­da buena para mostrar a la prensa, pero el eje de una gestión no pasa solamente por ahí”, analizó.s