La letra chica de la hipoteca

El déficit habitacional, drama que sufre la provin­cia de Corrientes desde hace por lo menos dos décadas, es consecuencia de la ausencia de una política oficial tendiente a asegurar el techo dig­no a la población, sin medir sus condiciones económicas y sociales. El Estado debe erigirse en garante de las opor­tunidades para que las familias puedan acceder a una vivienda, sea a través de los planes que ejecutan los or­ganismos oficiales -por ejemplo los institutos provincia­les de vivienda- o los proyectos de empresas del sector privado, mutuales o sindicatos -que gradualmente han ido mermando hasta desaparecer- o bien mediante las líneas de créditos hipotecarios que están en pleno auge y cada vez tie­nen más adherentes. Sin embargo, la aventura, de muy largo aliento, no asegura satisfacción. Aquellos tiempos de certeza se han fugado y predominan las variables del mer­cado.
Por lo pronto hay una realidad incontrastable respecto del déficit habitacional, el modelo del Estado constructor ha ido cediendo te­rreno hasta casi desaparecer. Co­rrientes es el mejor ejemplo. Hay justificativos de todos los calibres, según la plataforma política desde la que se opine, pero la realidad es que la Provincia ha construido muy poco en dos décadas.
El caso de Santa Catalina donde hay 678 viviendas ya terminadas que esperan a sus adjudicatarios se vuelve paradigmático. Las obras complementarias aún no están listas y así no se puede habitar. A la par, el papeleo admi­nistrativo no ayuda, hay dos y hasta tres postulantes por cada casa, dúplex o departamento, pero ninguno tiene la llave. Insólito. En medio de este escenario, qué camino le queda a una familia que busca tener su techo propio. Entregarse al negocio de los fideicomisos inmobiliarios, que es desgarrador para cualquier bolsillo promedio, o volcarse a un crédito hipotecario ofrecido por el sistema bancario. Esta última opción es igualmente sacrificada. Y tiene obstáculos, especialmente para los correntinos, cuyos salarios son apenas discretos.
Quizás esto explica por qué hay tan pocos créditos hi­potecarios otorgados en el país. Aunque creció conside­rablemente en el último tiempo -se incorporaron unos 58 mil- el segmento de deudores hipotecarios, derivados de créditos bancarios, era solamente de 210 mil perso­nas al finalizar 2017. La información fue divulgada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que consideró que el stock sigue siendo muy bajo y justifica el esfuerzo del Gobierno nacional para expandir la ope­ratoria.
Ahora bien, es verdad que hay un evidente impulso oficial a los créditos bancarios y en ese orden la línea UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) es la estrella de la promoción, sin embargo no todo lo que brilla es una joya. El producto encierra riesgos que pue­den ser muy serios si no se calcula bien.
Consiste en un crédito hipote­cario a tasa variable, ajustado por inflación, entre otros factores. Se­guro, es un buen negocio para los bancos, lo ideal es que además lo sea para los clientes que contraen la obligación. Un economista de la Universidad de Ave­llaneda, Santiago Fraschina, que estuvo en Corrientes invitado por La Cámpora (Unidad Ciudadana), lo calificó como “un peligro” y su apreciación no está muy lejos de la que dan otros entendidos en la materia.
El consultor Emmanuel Alvarez Agis advierte que sin información lo más probable es que la gente fracase en el intento, pues el UVA tiene letra chica, condiciones que dependen de la evolución del mercado que se pueden volver una pesada carga. “La responsabilidad del Estado al promover el sistema UVA es la de instruir al público respecto a los riesgos que se están asumiendo y generar las salvaguardas para que entornos de alta inflación no pongan en riesgo no sólo al deudor, sino al sistema fi­nanciero en su conjunto”, escribió el especialista. Con­viene tenerlo en cuenta.