Un juez puso la lupa en la OA: quiere saber las causas que se investigan

Alonso actúa con parcialidad manifiesta. Es una funcionaria militante que no está luchando contra la corrupción, sino persiguiendo adversarios políticos”. La frase pertenece a un extracto de la denuncia que realizó en los tribunales porteños de Comodoro Py 2002 el abogado y dirigente social, Juan Grabois, en enero de 2017, contra la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso.

La acusación contra Alonso fue por un supuesto direccionamiento de las denuncias que radicó ésta en la Justicia federal, contra dirigentes kirchneristas y opositores al gobierno de Mauricio Macri. Como si fuera un juego de roles, son ahora los ex diputados kirchneristas los que desfilan por Comodoro Py 2002, motorizando denuncias contra los hombres del Gobierno.

El presidente Mauricio Macri; el ministro de Finanzas, Luis Caputo; su par de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere; el titular de Trabajo, Jorge Triaca, o el flamante ex subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, son sólo algunos de los nombres que figuran en las presentaciones. Antes de que Cristina Kirchner abandonara la Casa Rosada, el juego era inverso: los entonces opositores llegaban a los tribunales de Retiro pidiendo investigar negocios, tramoyas y coimas de la gestión K. Los tiempos judiciales hicieron que esos expedientes se activaran con fuerza en la gestión Cambiemos.

En la mayoría, la OA tuvo una activa intervención impulsando causas, como la ruta del dinero K o la de obra pública, presentándose en cada una de las investigaciones que salpican al ex ministro Julio De Vido y apuntando contra el ex jefe de la Afip, Ricardo Echegaray. Fue justamente Echegaray, quien también denunciara -poco antes de la presentación de Grabois- a Alonso en diciembre de 2016.

Luego de que la Oficina Anticorrupción se presentara como querellante en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Ricardo Echegaray, el ex funcionario K denunció a la O.A. y a su titular por “falsa denuncia” y “violación de los deberes de funcionario público”, y pidió ser parte de la acusación privada. Aunque la posibilidad de batallar como víctima le fue rechazada, Echegaray consiguió que se abriera la denuncia. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Franco Picardi avanzaron con la investigación y la ampliaron con la presentación de Grabois. La Justicia le pidió a la Oficina Anticorrupción que informe por qué elige intervenir en determinadas causas y en otras no. No es la primera vez que a Alonso se la involucra con una denuncia de este tipo. En diciembre de 2016 la Cámara Federal ordenó al juez federal Sebastián Casanello investigar si la OA elige en qué causas intervenir. Ahora el juez Martínez De Giorgi debe resolver si Alonso -que ya nombró defensor- actuó o no con parcialidad. Según informó el diario Perfil, la OA respondió con unas planillas sobre las causas en las que intervenía, pero el juzgado las devolvió por entender que se trataba de una “confección parcial”, y pidió responder a todos los interrogantes.s