Legislar con y para todos

La actividad en el Poder Legislativo está oficialmente en marcha en el país. Con el mensaje que dio ayer el presidente Mauricio Macri en el Congreso de la Nación, replicado a su vez por un puñado de gobernadores que expusieron en sus respectivas legislaturas, quedó habilitado el período ordinario de sesiones que en teoría es -o debería ser- la parte más productiva de la misión que tienen a su cargo los representantes del pueblo. Por mandato constitucional, a nivel nacional y en la mayoría de los distritos (por caso Corrientes), el ciclo va desde el 1 de marzo al 30 de noviembre, nueve meses con un receso durante el período invernal, tiempo suficiente para promover iniciativas, analizar y debatir proyectos que coadyuven al ejercicio de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial, en la continuidad y consolidación del estado republicano. Sin embargo, no siempre el Legislativo alcanza el objetivo que es inherente a su función, pero hay que reconocer que no es enteramente su responsabilidad; al repasar los discursos de los gobernantes se entiende este déficit.

La naturaleza política de la actividad legislativa, y los intereses que emanan de ella, se transforma muchas veces en obstáculo para que la tarea sea fructífera. Si bien es cierto que se trata de un espacio con autonomía y autarquía, que por lo tanto tiene vida propia, la dinámica de las relaciones entre los poderes hace que el Legislativo defina su agenda en función, en complementación o con cooperación del Ejecutivo, y en menor medida del Judicial. Dicho esto, sin ideas, propuestas o sugerencias de los otros poderes el Legislativo es un brazo que podría estar desarticulado del cuerpo institucional y social. Es un hecho que los legisladores deben tener iniciativa, es esencial que estén preocupados y tengan compromiso en la generación de proyectos y que no sean meros levantadores de mano a muy buen sueldo, pero también es indispensable que los representantes de los otros poderes participen en la tarea de ayudar a diseñar el plexo legal que rige a la vida en sociedad. Incluso los ciudadanos, las organizaciones civiles o asociaciones profesionales, pueden contribuir a ese objetivo. Es fundamental que lo hagan. Sin aportes todo queda supeditado a la iniciativa de los legisladores y se sabe, muchos de ellos carecen de solvencia para tan elevado protagonismo. Sucede que uno de los males que la política no ha conseguido erradicar es la premiación con bancas parlamentarias a actores escasamente calificados. Si la sociedad civil, si los profesionales, si los especialistas y estudiosos no “ayudan” disparando propuestas, el margen de acción se reduce considerablemente y como consecuencia, también las chances de progreso genuino a través de una legislación moderna. Si además el Gobierno y la Justicia no contribuyen, en proporción, el resultado es magro. Está visto que el Poder Judicial se ha transformado casi en un coto cerrado (a veces es un coto de caza), con habitantes que se regodean de sus títulos y jinetas, pero que son renuentes a la contribución con ideas para el debate legislativo. El Poder Ejecutivo -sin importar el color partidario- únicamente tracciona en pos de un interés puntual, casi siempre coyuntural. En ocasiones ni siquiera eso. Por ejemplo, el discurso del presidente Macri ayer en el Congreso exhibe una insólita autosuficiencia. Además de exagerar en el entusiasmo y evadir pertinazmente cualquier tipo de autocrítica, el jefe de Estado prácticamente no formuló invitación al parlamento. Y de eso se trata el acto, el mensaje debe contemplar un balance de gestión, pero también tiene que definir las propuestas legislativas. Ese capítulo se le perdió a Macri. Aquí, el gobernador Gustavo Valdés al menos mencionó un puñado de propuestas. No es mucho, pero es algo sobre lo cual trabajar. s