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Analizan medidas de fuerza ante la puja por la electricidad en Gobernador Virasoro

La DPEC anunció que efectivizará la segunda etapa del traspaso de instalaciones y prestaciones que administraba la Cooperativa eléctrica.

Sigue la incertidumbre en torno a la continuidad laboral de los 80 trabajadores de la cooperativa de servicios públicos de Gobernador Virasoro, luego de que la Provincia traspasara unilateralmente a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) la prestación del servicio eléctrico en la localidad. En medio de un proceso de traspaso paulatino, la distribuidora anunció que avanzará con la toma de otra zona. Por ello, la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad urgió al gobernador, Gustavo Valdés, para que recibiera inmediatamente a los representantes cooperativistas. Los empleados acusan que, a un mes de la única reunión que mantuvieron con Valdés, continúan a la espera de una nueva convocatoria para tratar en detalle el tema de los puestos laborales, compra de equipos y subsidios que el mandatario se comprometió a abonar a la entidad por las pérdidas que implica la quita de la concesión del servicio y cobro de la energía en toda esa zona de la provincia. Gonzalo Cabral, asesor legal de la empresa, dijo a NORTE de Corrientes, en referencia al tema: “Recibimos una notificación el 28 de febrero desde la Provincia, que expresa que desde el 1 de marzo la Dpec iba a tomar el servicio de la zona urbana (barrios Narciso Vega, Esperanza, Raúl Alfonsín y Ruta 34), pero no lo vamos a permitir. Hasta el momento no se cumplió nada de lo conversado con el gobernador; nos había prometido subsidios por las pérdidas, cifra que asciende a 2,4 millones de pesos en el mes de febrero. También nos dijo que iban comprar parte de nuestros equipos, pero especialmente pedimos que se reabsorba a todo el personal, que son 80 empleados. Nos prometió que habría una nueva reunión para determinar el proceso de traspaso. Queremos algo concreto, por lo que pedimos una reunión urgente con Valdés”. A la par, añadió: “Hasta el día de hoy la cooperativa se hace cargo de las líneas de la zona urbana, y no aceptamos que tome injerencia la Dpec de esta manera informal y sin explicaciones de por medio. No existe un acta. Pero la Dpec está notificando a los usuarios de que esa institución se hace cargo de la líneas y del suministro; en contraposición de nuestra parte también hemos notificado a los clientes qué la cooperativa sigue manteniendo los servicios en la zona urbana. Por lo tanto, se genera una situación muy confusa para los pobladores. Esperamos que no tengamos que llegar a ninguna medida de fuerza, ya que los trabajadores están intranquilos por su futuro laboral. Además quedaron muchas dudas, como por ejemplo sobre la compra de equipos y los subsidios. También la Provincia dice que va a absorber el 55% de los trabajadores, pero exigimos que sea la totalidad. Por lo tanto, se podrían tomar otras medidas de fuerza y está latente el conflicto. Por esa razón esperamos que en el transcurso de esta semana nos llamen para una nueva reunión con Valdés, para llegar a un acuerdo razonable. Ese es el plazo”. El cooperativista remarcó que lo que tomaría la Dpec en esta nueva etapa serían las líneas y las estaciones de rebaje, además del suministro a los usuarios residenciales y todos los elementos. “Esto constituye un avasallamiento a la propiedad privada”, dijo. s