El escándalo de la cloaca se espesa y por ahora solamente lleva a Tribunales

El proyecto multimillonario para la remodelación y prolongación de colectores y una planta de tratamiento depuradora cloacal en la ciudad de Corrientes, quedó empantanado por las irregularidades hilvanadas en los despachos oficiales y privados, y no tiene perspectivas de prosperar en lo inmediato, por ahora lo único que avanza es el expediente de reproches formales, en distintos frentes judiciales. En la semana que acaba de terminar la Defensoría del Pueblo de Corrientes, a cargo de César Vallejos Tressens, hizo una presentación en la Justicia ordinaria de la provincia, para que investigue las denuncias que recogió y que salpican a dos organismos públicos y a una empresa del sector privado, la que es licenciataria de un servicio público. Según Vallejos Tressens, el Ente Regulador de Obras Sanitarias; el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente y la firma Aguas de Corrientes pueden ser pasibles de cinco cargos penales: abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionarios públicos, estafas, defraudación agravada al Estado y falsedades ideológicas en instrumentos públicos. Un doble expediente labrado en la Defensoría del Pueblo, que en los hechos adquiere formato de denuncia, fue girado el jueves a la Fiscalía de Instrucción en turno, ese día y durante las próximas dos semanas está de servicio activo la fiscal Nº 5, Graciela Fernández Contarde, que trabaja en articulación con la jueza de Instrucción Nº 5, Laura Varela. Si efectivamente llegó a sus manos, les tocará analizar un asunto urticante que salpica al Gobierno provincial y por transmisión directa a la Casa Rosada, la que consiguió el financiamiento internacional de la obra y la puso dentro del plan Belgrano.