La irresponsabilidad vuelta alto

El anuncio de presentación de la compañía Flybondi se concretó durante la última campaña electoral en oportunidad de la inauguración de la denominada Casa Iberá, ubicada en inmediaciones del Parque Cambá Cuá de esta ciudad, luego arrancó la entusiasta promoción de su actividad, profusamente acompañada por el Gobierno local y nacional. El vuelo inaugural se hizo en diciembre, la venta anticipada de pasajes comenzó en enero con gran éxito y el primer servicio estaba programado inicialmente para febrero, luego se corrió a marzo y, cuando llegó el día, lamentablemente no pasó nada. El lunes era el día. A la hora marcada, en el aeropuerto Piragine Niveyro no volaron ni los gorriones.

Resultado: Corrientes acaba de sumar otra frustración en su anhelo de integrarse al país mediante el servicio aéreo de bajo costo que es -dicen- el motor de empuje del turismo, el gran sueño de la provincia. Fue un papelón, la suspensión del vuelo se conoció en la víspera de su realización y tomó por sorpresa a muchos pasajeros que tuvieron que buscar alternativas de viaje sobre la marcha. Los colectivos de larga distancia, como siempre, salvaron la situación recogiendo la clientela que la aerolínea dejó a pie. Y una vez más, el impacto del maltrato empresarial/estatal se sintió en los bolsillos de los usuarios. ¿Alguna vez pagarán el costo los incumplidores y no la gente? Este bochornoso episodio, que obliga a poner los pies sobre la tierra, a proyectar sobre bases sólidas y abandonar el malsano ejercicio de las promesas sin sustento, tiene un responsable principal y varios culpables concurrentes. Contrariamente a lo que se puede pensar, no es la compañía Flybondi la que debe caer en la primera ráfaga de denuncias sino el Gobierno nacional.

A la Casa Rosada, a sus funcionarios, le corresponde el número 1 del talonario de sanciones, en realidad a fuerza de ser ecuánimes debería asignársele al macrismo casi toda la numeración. Luego viene la empresa, cuya actividad comercial roza con la estafa, y casi en el mismo escalón el Gobierno provincial que en su afán por mostrar algo de gestión se convierte en partícipe necesario en el tráfico de espejitos de colores. Es un hecho que el sistema aéreo del país no está en condiciones. Esto incluye la infraestructura de aeropuertos, técnica, logística, seguridad, además de la parte legal que no se puede obviar. Para apurar los servicios de vuelos low cost (bajo costo) apenas cumplieron con algunos requisitos, otros están pendientes y como si fuera poco hay una discusión de fondo que se dirime en la Justicia. Puntualmente no pueden usar el aeroparque de El Palomar, solamente tienen autorizados tres servicios por día. Por esta razón, se justifican desde la empresa, no salió el vuelo a Corrientes. Usan los únicos tres turnos disponibles para atender las rutas más importantes y lucrativas, entre las que no está el Taragüí. Está claro que así, Flybondi no puede garantizar un servicio como seguramente debe ser su deseo.

Ahora bien, sabiendo de la limitante que existe ¿por qué sigue vendiendo pasajes y promocionando un servicio que está atado a la lotería de un posible permiso?, ¿por qué razón no alertó a sus clientes con bastante anticipación que el vuelo del lunes 5 de marzo podía no concretarse? Hay un tufillo de mala praxis comercial en todo esto. No obstante no es enteramente la culpa de la aerolínea la restricción en El Palomar, aunque debe velar por tener certeza de que va a contar con pistas (habilitadas) desde donde despegar y aterrizar, caso contrario estaría vendiendo lo que tiene. La responsabilidad central en esta fenomenal defraudación es del Gobierno nacional, y en segundo orden el Gobierno de Corrientes. La administración de Cambiemos -allá y aquí- han atropellado lo que encontraron a su paso para instalar el servicio low cost, que por el momento sumó más tropiezos que éxito. Es curioso cómo los funcionarios que deberían hacer que el Estado cumpla con su rol de controlar (y en todo caso sancionar) son los que desde el mismo Estado ayudan a violentar las normativas exponiendo a la gente a riesgos, trastornos y costos innecesarios. ¿Y la Provincia? Es difícil de creer que las autoridades correntinas estén en desconocimiento de esta situación. Es necesario aumentar la conectividad aérea, es cierto que puede ayudar al turismo (que aún no existe en Corrientes). Los vuelos low cost constituyen una gran oportunidad, pero deben prestarse en un marco de responsabilidad. Le toca al Estado (en todas sus jurisdicciones) garantizar que así sea. s