La Cámara Federal dictó excarcelación para Cristóbal López y Fabián De Sousa

La Cámara Federal decidió ayer excarcelar al empresario Cristóbal López y a su socio del grupo Indalo, Fabián De Sousa, en el marco de la causa por no haber pagado más de 8.000 millones de pesos por el impuesto al expendio de combustibles en la empresa Oil Combustibles. Con el voto a favor de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, y la disidencia de Leopoldo Bruglia, el tribunal concedió la excarcelación de ambos empresarios y recalificó el hecho: de defraudación a la administración pública pasó a apropiación indebida de aportes. Ahora, López, De Sousa y el ex titular de la Afip Ricardo Echegaray quedaron procesados por ese delito, que prevé que “las escalas penales se incrementarán en un tercio del mínimo y del máximo, para el funcionario o empleado público que, en ejercicio o en ocasión de sus funciones, tomase parte de los delitos previstos en la presente ley”. En cuanto a los embargos, los jueces también los rebajaron, ya que en principio eran por unos 17 mil millones de pesos y ahora quedaron en casi 9 mil millones. Según la investigación, “López y De Sousa ejercieron un rol preponderante en Oil Combustibles SA, ya que de manera indirecta, es decir, a través de las sociedades de las que eran accionistas y/o en las que ocupaban cargos directivos, tenían en gran medida el control de aquella, lo que fue necesario para lograr la maniobra que aquí se investiga”, que tuvo lugar en 2013 y 2015. Para el juez Ballesteros, se trata de “una cuestión de neto corte impositivo” y “el círculo se clausuraría en las sumas dinerarias que Cristóbal López y Carlos de Sousa retuvieron para sí en concepto del entonces Impuesto a la Transferencia de Combustibles o, simplemente, ITC”. No obstante, recordó que ese dinero “nunca se instituyó en ese patrimonio protegido por el tipo penal” y por ello la recalificación. “En consecuencia, tanto López y de Sousa, como Echegaray, deberán afrontar las ulteriores instancias del proceso penal. Los hechos acreditados en el sumario así lo demandan, más allá de cuál sea la calificación legal que finalmente defina los futuros cauces de la causa según la perspectiva que de ellos tengan los acusadores y la óptica que prime en el saber último de los jueces”, sostuvo Ballestero. “Nada hay que justifique” la prisión preventiva, consideró el camarista, quien remarcó que “no existe tratado internacional ni auspiciosa declamación que justifique la prisión como garantía del acreedor”. En ese sentido, señaló: “Imaginemos un juez comercial dictando la prisión preventiva del deudor para asegurar la intangibilidad de la masa de bienes”.s