Manejo de la pauta: “Siempre se hizo así, ahora no cambió nada”

La segunda audiencia del juicio oral y público al ex gobernador Arturo Alejandro Colombi, y otros ocho ex funcionarios de su gestión (2005/09) se desarrolló ayer a la mañana en el Tribunal Oral Penal Nº 1. Uno de los imputados, Pedro Iván Florida, declaró ante los jueces: “Yo no tenía la facultad para cuestionar”. Y señaló como partícipe a una funcionaria jerárquica, que quedó deslindada de la causa. Además continuó la lectura de la pieza acusatoria. “Llegaban cien (expedientes) por día: era imposible controlar todo”. Iván Florida, tenía 25 años cuando ingresó al Estado: recién se había recibido de abogado. “No tenía cargo jerárquico, cobraba por el título pero me habían dado autorización para firmar dictámenes”, dijo diez años después. Florida afirmó que su superior inmediato, la también letrada María Mercedes Romero (imputada pero fallecida antes del juicio) fue quien lo orientó en su labor dentro del departamento de Asesoría Legal. “Todos los expedientes que yo dictaminé no superaban los 7.500 pesos y cumplían con los requisitos que exigía la ley”, se excusó. Los de mayor cuantía pasaban por las manos de Romero. Sin embargo Florida sindicó a Teresita Ramírez, por entonces titular de la Dirección de Asesoría Legal, como responsable. “La directora es la encargada de revisarlos: ella cerraba todo”. Ramírez, quien había recibido la falta de mérito durante la instrucción, es una de las 36 testigos a declarar. “Siempre se hizo así, y ahora se sigue haciendo así, no cambió nada”, dijo sobre el manejo de la pauta estatal. “Mi jefa me dijo que desde que ella había empezado, hacía diez años antes (1997) las cosas ya se hacían así”. Cuando volvía a su lugar, tras media hora sentado en el banquillo, recibió al pasar una palmada por la espalda de Colombi. En voz de la jueza Ana del Carmen Figueredo (presidenta del debate) se leyó el tramo final de la primera imputación por “peculado y fraude a la administración pública”. En ella figuran como acusados Colombi junto con José M. Roldán y Carlos E. Fagúndez (quienes se sucedieron en el cargo de secretario de la Gobernación), Raúl A. Lértora (subsecretario General de la Gobernación), Carlos Lezcano y José L. Zampa (responsables de la dirección de Información Pública). Luego prosiguió con la segunda acusación, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La misma recae sobre Héctor H. Herrero (contador General de la Provincia, puesto que sigue ocupando) Ramón R. Zacarías (subcontador General) y Florida (empleado del departamento de Asistencia Legal). Se los acusa de no haber controlado el flujo dinerario (más $85 millones) que entre 2007 y 2009 la gestión arturista gastó en propaganda. La tercer imputación es por “negocios incompatibles con la función pública”.s