Itatí narco: magistrados se declaran incompetentes para realizar el juicio

El Tribunal Oral Federal Nº 3 de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires se declaró incompetente para desarrollar el juicio oral y público en la causa 3002/2017 en la que están involucrados las autoridades políticas del pueblo además del comisario local, funcionarios de dos fuerzas de seguridad federales además de una veintena de civiles, todos supuestamente involucrados en el traslado de drogas en grandes cantidades desde Itatí. Los jueces que fueron sorteados para realizar el juicio consideraron que debido a que la investigación que se llevó adelante en Corrientes es un desprendimiento de otra, que llegó a juicio y que aportó los elementos necesarios para avanzar en las responsabilidades por la causa conexa. El expediente original es el 4795/2014, de donde surge que una de las líderes de la organización que vendía drogas en la Villa Zavaleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocida como “La Peque” Robles, tenía contacto con las bandas correntinas. Esta mujer y uno de los proveedores, Juan Domingo Villar fue juzgada con otras 32 personas por el delito de narcotráfico agravado. Estos hechos, según entendieron los jueces del Tribunal Federal 3, les imposibilitaría llevar adelante el juicio, y es por ello que consideraron pertinente llevar ese expediente al Tribunal Federal 6, que intervino en la primera causa. Estos últimos ordenaron que el juez Sergio Torres siga con las averiguaciones. El magistrado llegó así hasta las organizaciones narco que operaban desde Itatí. Respecto a la relación entre las causas el fiscal de Corrientes, Carlos Schaefer había explicado que “esta causa (la que derivó en las detenciones de los itateños) tenemos intervención directa. Lo que ocurre es que existen cuestiones que se vinculan entre ambas, porque son las mismas cabezas de las organizaciones que venimos investigando en Corrientes”. El rechazo del Tribunal Oral Federal 3 de entender en la causa del Operativo Sapucay generó preocupación entre los defensores de los implicados porque “significa un retroceso, aunque si el Tribunal Oral 6 acepta la competencia puede imprimir celeridad, de lo contrario habría una nueva dilación porque se deberá resolver cuál es el tribunal que desarrollará el debate”, según sostuvo el abogado Jorge Barboza quien defiende un grupo de involucrados. El interés de los letrados es que el juicio se desarrolle pronto, para intentar la liberación de los detenidos. s