Una declaración que expuso deficiencias en la pesquisa
Iván Florida siguió ayer con su testimonio e indicó quiénes eran por ley los encargados del control. No todos los nombrados están imputados.
BANQUILLO. FLORIDA LEYÓ DOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS A PEDIDO DE LA FISCALÍA.
“Todas esas cuestiones que usted (señor fiscal) está diciendo que tienen irregularidades fueron aprobadas por la Contaduría General de la Provincia, por el Honorable Tribunal de Cuentas y por los diputados que aprobaron el presupuesto de los años 2007, 2008 y 2009. En todo caso tendría que preguntarles también: son quienes por ley tienen el control externo e interno”. Pedro Iván Florida continuó ayer con su declaración ante el Tribunal Oral Penal Nº 2 (TOP 2) en la tercera audiencia del juicio por la “Causa Publicidad” donde se ventila el presunto gasto espurio de más de $85 millones en propaganda entre 2007 y 2009.
Al argumentar en su favor, el ex funcionario del Departamento de Asesoría Legal durante el gobierno de Arturo Alejandro Colombi (2005-2009) expuso deficiencias en la investigación judicial. “La ley de Administración Financiera dice claramente qué organismos tienen que hacer el control: desde el artículo 93, cuando establece el sistema de control interno. Dentro del ámbito de la Secretaría General de la Gobernación es la Dirección de Administración la que tiene el control previo de legalidad de los actos administrativos por eso emite un dictamen anterior a nuestra participación”, dijo. Poco después detalló: “nosotros, cuando llegaba el expediente a nuestra oficina, nos fijábamos que esté la orden de pago de la publicidad, la imputación preventiva del gasto, la factura, la certificación del servicio y luego se elevaba al secretario general”. Florida, de profesión abogado, afirmó que el área en que se desempeñaba no tenía facultad para hacer observaciones ni cuestionamientos e insistió en que la titular de la Dirección de Administración, Teresita Ramírez, tenía esa potestad. Durante la instrucción la susodicha estuvo imputada pero luego fue sobreseída y es una de las testigos que deben comparecer ante el TOP 2. Además declaró que la Dirección de Información Pública y la Secretaría General de la Gobernación tenían responsabilidad y competencia en el manejo del dinero de la publicidad estatal. Sus respectivas autoridades figuran entre los enjuiciados.
La defensa de los acusados al pedir la palabra reiteró que “la investigación no está terminada porque faltan imputados”. “Esa es una cuestión sobre la que el Tribunal ya se expidió: no se va a volver a atrás”, les respondió la presidenta del debate, la jueza Ana del Carmen Figueredo.s