Sin casos reportados, entró en vigencia el procedimiento por flagrancia

El procedimiento en casos de flagrancia está vigente desde ayer en Corrientes. La fecha había sido fijada con antelación por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), quien desarrolló el instrumento, dotando a la Policía provincial de nuevas atribuciones. NORTE de Corrientes consultó ayer a fuentes judiciales y policiales respecto a los primeros resultados: hasta el cierre de esta edición no contaban con información concreta al respecto. “La implementación de este procedimiento permitirá a la Policía aprehender a la persona hallada en el momento de cometer un delito (o inmediatamente después) y al juez de Instrucción en un plazo no mayor a las 72 horas resolver su situación procesal”, consignó días atrás un despacho oficial del Poder Judicial. Para lograr el objetivo de elaborar un dictamen en un lapso máximo de tres días el procedimiento prevé la “oralidad” en la tramitación del proceso, dotando de una mayor responsabilidad a los agentes policiales en la elaboración de las actuaciones sumariales. Es por ello que en el último mes se han realizado tres capacitaciones a cargo de autoridades del STJ y del Ministerio Público Fiscal. El nuevo procedimiento apunta a combatir tipos específicos de delitos contra la propiedad privada tales como la modalidad denominada arrebato que, por sus características generales, deberá tener una resolución “ágil”. “Además proporcionará certidumbre tanto a la víctima del delito como al imputado”, sostiene la aludida gacetilla. Este diario consultó a voceros de la Justicia y de la Policía a fin de conocer si durante el transcurso del día ya se instrumentó el procedimiento. Sin embargo, ninguno de los informantes pudo corroborar que esto haya sucedido. El STJ había aprobado el Reglamento de Procedimiento en casos de Flagrancia bajo el fundamento de “la necesidad de dotar a la investigación penal un medio acotado para los casos en los que el Fiscal tiene ante sí hechos que no requieren de mayores diligencias probatorias”. El procedimiento aprobado por Acuerdo Nº 31/17 fue elaborado por los integrantes de la Comisión, la cual indicó que el sistema acusatorio establecido con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 colocaba la investigación penal a cargo del Ministerio Público, separando las funciones de acusación y juzgamiento; y que a pesar de haberse presentado distintos proyectos de Código Procesal Penal a la Legislatura local, éstos seguían pendientes de aprobación. Por ese motivo la Comisión consideró oportuno y conveniente impulsar este procedimiento, ajustado a los paradigmas constitucionales. La Comisión fue presidida por el ministro del STJ Alejandro Chaín, e integrada por los fiscales Mónica Espíndola y Gustavo Robineau y Horacio Pisarello, secretario relator del fuero penal de la Corte provincial. s