Violencia de género, la figura prescindida en el caso Tamara

“Para que se pueda hablar de un hecho de ese tipo debían haberse probado otras cuestiones anteriores o concomitantes, acerca de su trato con esta víctima o con otras mujeres en los que se determine el grado de cosificación en que las colocaba por ser distintas a su propio género”. Para los jueces Cyntia Teresita Godoy Prats, Ana del Carmen Figueredo y Raúl Guerín -integrantes del Tribunal Oral Penal Nº 1 que absolvieron de culpa y cargo por insuficiencia probatoria en un polémico fallo dividido a Raúl Escalante, único acusado del homicidio de la joven Tamara Salazar, de 19 años- la calificación correcta fue la que señaló el fiscal Carlos Lértora, la de un homicidio simple, que contempla una pena de entre 8 y 25 años de cárcel. Es decir, para los magistrados, si bien dejaron en claro que el hecho de la muerte violenta de Tamara “resultó acreditado”, no se probó el móvil que lleva a la pena total, la que establece el artículo 80 del Código Penal Argentino, inciso 11, que se refiere al “Femicidio”, “feminicidio” o la “violencia de género”. Es que Escalante llegó al banquillo de los acusados con una expectativa de pena de prisión perpetua, ya que estaba procesado por el delito de homicidio agravado mediando violencia de género. “Repárese que en la calificación no se mencionó el inciso 1º de dicho artículo 80, de si fueron pareja, es decir, que es más difícil aún la prueba de la violencia de género cuando no se trata de una relación más o menos continua”, observó la presidenta del Tribunal, Godoy Prats (si bien fue un fallo dividido -Godoy Prats y Figueredo votaron por la absolución; y Guerín se inclinó por los 20 años de prisión solicitado por el fiscal- los tres jueces coincidieron en este punto en cuestión). “En el caso no se probó una dependencia real o de sometimiento de la víctima (Tamara) hacia el imputado (Escalante), aunque pudiera haberse aprovechado de su juventud, no la mantenía, por más que le hubiera dado dinero. Debe existir una intencionalidad superior, la que está dirigida a afirmar o reafirmar su situación de superioridad o poder como varón sobre la mujer”, opinó. Agregó la siguiente doctrina para explicar su postura: toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal (Ley 26.485 de « Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres...)”. Además, dijeron los jueces, nada surge de la prueba aportada por la querella, “por ejemplo, del perfil de ‘Facebook’ como que (el imputado) hubiera tenido este tipo de conductas con otras mujeres, de ofrecer dinero a cambio de sexo y la víctima era mujer mayor de edad, que tuvo relación anterior y tenía un hijo, no se acreditó ‘captación’”. También se refirieron a otra de las particularidades de este tipo de violencia, que es el tiempo de victimización, a diferencia de otros delitos, aquí la víctima sufre reiterados comportamientos agresivos, una escalada de violencia, cada vez más grave. “Esto no se probó tampoco”, sentenciaron. Para los magistrados se “vulneraría el principio de igualdad ante la ley, si un hombre no pudiera probar que todo hombre que mata a una mujer no incurre en el tipo de feminicidio”. “Pues no todo hombre que mata a una mujer sería pasible de incurrir en el tipo penal del femicidio o feminicidio, sino tan sólo aquél que realiza su conducta mediando violencia de género”. Para ampliar, se mencionó a Rubén Fígari, de Pensamiento Penal: “El asesinato de cualquier mujer, en cualquier circunstancia, no implica siempre y en todo caso femicidio, sino sólo aquella muerte provocada en un ámbito situacional específico, que es aquél en el que existe una situación y sometimiento de la mujer hacia el varón, basada en una relación desigual de poder”. s