El anuncio de la planta cloacal cumple un año y no remueven los obstáculos

La última medida de la que se tenga registro oficial se concretó en febrero pasado cuando el Concejo Deliberante capitalino sancionó una ordenanza que desafecta del dominio público municipal un predio de 80 hectáreas en Santa Catalina para montar allí la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que prometió Cambiemos en el cierre de la campaña electoral que llevó al triunfo en esta Capital al radical Eduardo Tassano. Salvo este trámite legislativo, que se cumplió de manera extemporánea y dio motivo a un nuevo reproche, no hay datos fehacientes de que el proyecto haya tenido avances, de hecho todo indica que está frenado y no puede salir del atolladero en el que está inmerso debido al cúmulo de irregularidades que han cometido las autoridades alineadas en los tres estamentos: Municipalidad, Provincia y Nación. Casualidad, ayer estuvo en Corrientes el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartúa, que fue el encargado de formular aquel anuncio de campaña el viernes 2 de junio de 2017. Esta vez vino con otra agenda: inauguró las defensas contra las inundaciones en Paso de la Patria (ver página 10) y compartió escenario con el gobernador Gustavo Valdés, fue en ese marco que hicieron mención a todas las obras que a través del Plan Belgrano se están haciendo en la provincia de Corrientes. Curiosamente, ni Bereciartúa ni Valdés hablaron de la planta de tratamiento de líquidos cloacales en Santa Catalina. Versiones periodísticas señalan que en privado el Gobernador le habría recordado al secretario de Infraestructura que el proyecto está pendiente. En catorce días la promesa cumple un añito... y no camina. El problema, además de la demora general que tienen las obras públicas por el súbito recorte presupuestario de 30.000 millones de pesos que dispuso el presidente Mauricio Macri en medio del tembladeral financiero, es que en relación a la planta cloacal se hizo todo mal, saltaron pasos legales y atropellaron normativas específicas de protección del medio ambiente. La licitación de la obra, por un monto inicial de 1.200 millones de pesos que financiará el BID, se realizó en noviembre del año pasado y estaba en proceso de adjudicación luego de la selección de una UTE de empresas; sin embargo no cumplieron con requisitos previos como la audiencia pública y la presentación del estudio de impacto ambiental; tampoco hicieron el traspaso del dominio -que es propiedad del Municipio- y ni siquiera se había hecho el trámite para el uso del suelo. Sumado a esto, el proyecto técnico recibió fuertes cuestionamientos por las deficiencias en el tratamiento de los efluentes cloacales a cielo abierto y su descarga en el río Paraná. Todo esto se hará, según el proyecto, en Santa Catalina a unas pocas cuadras de donde se levantan las viviendas del Procrear. Este paquete de anormalidades motivó una presentación por parte del ingeniero Rodolfo Amílcar Paladini ante el defensor del Pueblo, quien hizo suya la preocupación y lo giró a la Defensoría del Pueblo de la Nación, además se cursó una denuncia en el Juzgado Federal Nº2 de esta ciudad. En abril pasado, Paladini planteó una objeción formal a la Ordenanza sancionada en febrero pasado en el Concejo Deliberante con el voto del oficialismo y ante la falta de respuesta la reiteró en las últimas horas. En nota dirigida al presidente del Concejo, Norberto Ast (UCR), le reclamó que resuelva el pedido de nulidad a una ordenanza que “a todas luces define una irregularidad”, según dice. s