Revocaron la excarcelación de un itateño vinculado a Los Monos

Un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la excarcelación que había sido concedida a un itateño acusado de proveer de marihuana a una banda narco rosarina y que fue encausado en 2013 tras un operativo de la Policía de Santa Fe en el que hubo una persecución en el microcentro de la ciudad de Rosario. El fallo de los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, estableció la detención de Rubén Ángel Tabares, quien había recuperado la libertad tras un fallo de la Cámara Apelaciones rosarina. Los jueces de la Cámara de Casación ordenaron la detención del correntino al dar lugar al planteo realizado por el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Claudio Palacin, contra la resolución de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de dicha jurisdicción en el marco de una causa en la que Tabares fue apresado el 30 de junio de 2013 mientras transportaba el transporte de 275 paquetes de marihuana. En el mismo fallo los jueces ratificaron las facultades del Ministerio Público Fiscal para recurrir la concesión de las excarcelaciones.

tiroteo en el centro

El encausado, Rubén Tabares, fue vinculado a una causa judicial junto con su hermano Darío y otras tres personas el 30 de junio de 2013, luego de haber protagonizado una espectacular persecución por el microcentro de la ciudad de Rosario en cuyo trayecto se tirotearon con la Policía. Finalmente, uno de los correntinos fue detenido y le incautaron 275 trozos compactos de marihuana con un pesaje total de -263,665 kilos- ocultos en el baúl de un Honda Accord, que circulaba junto a un Volkswagen Bora y un Renault Logan. El otro, logró escapar pero fue apresado horas después. El 28 de abril de 2017, el imputado fue procesado con prisión preventiva como autor del delito de transporte de estupefacientes. La defensa del imputado recurrió la denegatoria de la excarcelación y la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, revocó el decisorio y concedió la excarcelación del imputado bajo caución real. Contra tal decisión, el fiscal general Claudio Palacin interpuso recurso de casación, que fue denegado el 6 de septiembre de 2017 y que motivó su consecuente recurso de queja que sí fue admitido por la Cámara Federal de Casación Penal. En su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el decisorio ocasionaba un gravamen actual de imposible reparación ulterior por comprometer la responsabilidad internacional del Estado Argentino que asumió compromisos en materia de persecución penal del narcotráfico, y por configurar un supuesto delito degravedad institucional. En tal sentido consideró que “la resolución impugnada no constituye una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias de la causa, siendo en consecuencia arbitraria e inválida como acto jurisdiccional”, ello por no haber “inobservado o aplicado erróneamente la ley sustantiva referida a las normas que regulan el instituto de la excarcelación que, en el caso, indican claramente el rechazo del beneficio liberatorio, al poner de manifiesto la peligrosidad del imputado, por lo que lo decidido en esta etapa del proceso lesiona, definitivamente, los principios de legalidad y razonabilidad”.

Revocaron la liberación

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la queja del titular del Ministerio Público Fiscal, Raúl Pleé, quien manifestó que la decisión contenía una errada interpretación del instituto de la excarcelación y era arbitraria. Por su parte, la defensa señaló que el fiscal carecía de facultades para impugnar la libertad de Tabares. Respecto a esto la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Eduardo Riggi, Ana María Figueroa y Liliana Catucci, concordaron hacer lugar al recurso interpuesto por el fiscal Palacin, anular la resolución de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y, previo paso por dicho tribunal, disponer lo necesario para que el imputado sea puesto a derecho. Con relación a la legitimidad de la Fiscalía para oponerse a la libertad del encausado, la jueza Catucci señaló en su voto que “el planteo desconoce que es la misma ley procesal la que otorga las facultades para recurrir la concesión del beneficio”.s