Rechazan recursos de casación de ex funcionaria judicial detenida

La ex funcionaria de la Justicia de Corrientes, María Ester Medina -quien estuvo prófuga por más de dos años y fue detenida en 2017 en el interior de Córdoba al estar siendo investigada por “malversación de caudales públicos”, “peculado”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “administración infiel”- recibió dos dictámenes desfavorables para ella por parte del Superior Tribunal de Justicia. Según informó ayer la web del Poder Judicial de Corrientes juscorrientes.gov.ar, la Corte provincial rechazó los recursos de casación presentados por la defensa de una ex funcionaria judicial que en 2014 fue cesanteada de su cargo por graves irregularidades en el manejo de los vehículos secuestrados que se encontraban a disposición del Juzgado en lo Correccional Nº1. En el primer caso, el abogado defensor cuestionó que no se hiciera lugar al pedido de detención domiciliaria. Argumentó una afección de salud de tipo respiratoria grave, con dependencia de un equipamiento indispensable para evitar consecuencias gravísimas. Ese equipo instrumental requería un mantenimiento que el Servicio de Sanidad del Establecimiento Penal no puede brindar, además de no tener lugar de emergencias ni ambulancia para traslado de pacientes. En el segundo caso, se interpuso un “recurso de hábeas corpus reparador” porque no se había justificado la rebeldía de Medina a pesar de que ya se había levantado la medida que pesaba en su contra pero manteniendo la detención a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 6, desde el 18 de abril de 2017. Los integrantes de la Corte Provincial fundamentaron el rechazo del primer recurso al señalar que las condiciones de higiene y prevención de la institución donde la ex funcionaria se halla detenida superaban con creces al domicilio que la misma imputada ofreció. Y citaron un informe socioambiental en el que constaban que las condiciones habitacionales eran desfavorables. En el segundo recurso de casación, también rechazado, se indicó que se advertía que la acción se presentaba como hábeas corpus reparador cuando en realidad encuadraba en los conceptos y previsiones de la clásica acción de hábeas corpus. “(...) los planteos de la accionante son ajenos a este remedio procesal y en ese sentido, no se incurre en arbitrariedad, ni ilegalidad, para mantener la privación de libertad de la justiciable; porque la privación de libertad proviene del juez competente y no es ésta la vía para revertir, la falta de justificación del estado de rebeldía”, aseguraron. Según informó el diario La Voz del Interior, Medina fue detenida en abril de 2017 tras presentarse en el Registro Civil de la localidad cordobesa de Alta Gracia para tramitar su Documento Nacional de Identidad. El empleado administrativo cargó el número correspondiente de la solicitante en la base informática nacional y fue ahí que “saltó” el pedido de captura ordenado por la jueza Ferreyra. Según consignó ese matutino cordobés, Medina se retiró del lugar sin ser detenida ni alertada. Pero inmediatamente las autoridades del Registro se comunicaron con el Juzgado de Corrientes. A partir de ese episodio, se pudo saber que Medina presuntamente estaba residiendo en el pueblo Villa Montenegro, cerca de Alta Gracia. El fiscal de esa ciudad cordobesa, Emilio Drazile, solicitó el arresto de la prófuga. Según los datos de la Policía, el operativo de detención se concretó en inmediaciones de la casa donde la acusada habría estado viviendo con otra mujer y un hombre. Incluso según consignó La Voz, los cinco días previos al arresto, la fuerza de seguridad había montado un operativo de vigilancia en cercanías de la vivienda.s